(AP) — El Senado de México votó el miércoles por la mañana para reformar el poder judicial del país , superando el mayor obstáculo para una controvertida revisión constitucional que obligará a todos los jueces a postularse para elecciones, un cambio que los críticos temen politizará el poder judicial y amenazará la democracia de México.
La aprobación se produjo en dos votaciones después de que cientos de manifestantes ingresaran al Senado el martes, interrumpiendo la sesión después de que pareciera que Morena, el partido gobernante del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador , había reunido los votos necesarios para aprobar la propuesta.
Los empleados judiciales y los estudiantes de derecho habían protestado durante semanas, diciendo que el plan, bajo el cual todos los jueces serían elegidos, podría amenazar la independencia judicial y socavar el sistema de controles y equilibrios.
La legislación fue aprobada sin problemas en la Cámara Baja, donde Morena y sus aliados tienen una supermayoría, la semana pasada. La aprobación en el Senado planteó el mayor obstáculo y requirió deserciones de partidos de oposición.
El martes, el Partido Acción Nacional (PAN), de la oposición conservadora, emitió una carta después de que un legislador que se había manifestado en contra de la reforma se ausentó por razones médicas y su padre, un ex gobernador, sugirió que votaría a favor de la propuesta. El legislador terminó regresando a su escaño para darle a la propuesta el último voto que necesitaba.
La legislación ahora debe ser ratificada por las legislaturas de al menos 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido gobernante tiene el apoyo necesario después de importantes avances en las recientes elecciones. La legislatura de Oaxaca fue la primera en ratificarla apenas horas después de la aprobación del Senado.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, felicitó a los legisladores por aprobar la reforma.
La elección de magistrados “fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país”, escribió Sheinbaum en la plataforma de redes sociales X. “El régimen de corrupción y privilegios cada día queda más atrás y se construye una verdadera democracia y un verdadero Estado de derecho”.
López Obrador reconoció el miércoles que muchos están en contra del plan, pero dijo que “es importantísimo acabar con la corrupción y la impunidad. Vamos a avanzar mucho cuando el pueblo pueda elegir libremente a jueces, magistrados y ministros”, afirmó.
Sin embargo, algunos expertos y observadores han sugerido que la reforma podría tener el efecto opuesto y permitir que individuos corruptos y criminales tengan más influencia sobre el sistema de justicia.
El martes por la noche, apenas horas después de que el partido gobernante pareciera haber conseguido los votos que necesitaba, unos manifestantes con tubos y cadenas irrumpieron en la cámara del Senado. Al menos una persona se desmayó.
Los manifestantes dijeron que los legisladores no estaban escuchando sus demandas.
“El poder judicial no va a caer”, gritaban los manifestantes, ondeando banderas mexicanas y carteles en contra de la reforma. A ellos se unieron varios senadores de la oposición que coreaban en la cámara. Otros, afuera, rugieron cuando los presentadores de noticias anunciaron que el Senado estaba en receso.
Entre ellos se encontraba Alejandro Navarrete, un trabajador judicial de 30 años, quien dijo que él y sus colegas “conociendo el peligro que representa la reforma” acudieron a pedir al Senado que anulara la propuesta.
“Han decidido vender la nación y venderse por el capital político que les ofrecieron. Nos sentimos obligados a entrar al Senado”, dijo, portando una bandera mexicana. “Nuestra intención no es violenta, no pretendimos hacerles daño, pero pretendemos dejar claro que el pueblo mexicano no permitirá que nos lleven a una dictadura”.
López Obrador, un populista que desde hace tiempo se opone a los organismos reguladores independientes y que ha ignorado a los tribunales y atacado a los jueces, dice que el plan acabaría con la corrupción al facilitar el castigo a los jueces. Los críticos dicen que perjudicaría al poder judicial, llenaría los tribunales con jueces que favorecen al partido del presidente, permitiría que cualquiera con un título en derecho se convirtiera en juez e incluso facilitaría que políticos y criminales influyeran en los tribunales.
AC