El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó este mismo miércoles 11 de octubre que, en Venezuela, los derechos políticos «no se pierden» y dijo que, en el país, no hay persona alguna, a menos que un tribunal penal así lo decida, que «haya perdido su derecho a elegir o a ser elegido».
Desde Ginebra, en el segundo día de la comparecencia de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gil detalló que lo que se ha visto, de acuerdo a lo publicado en varios medios, es que «algunos personeros políticos» han sido inhabilitados de funciones dentro de la administración pública, pero aseguró que no les han quitado sus derechos.
En ese sentido, destacó que estas personas «pueden participar, pueden elegir y ser electos», pero que, «por hechos de corrupción debidamente documentados en la Contraloría», han sido inhabilitados de las funciones públicas.
Aclaró que esto es una práctica que es común en la administración pública y que no corresponde a una práctica selectiva en contra de algunas personas, al tiempo que indicó que más de 5 mil funcionarios han sido inhabilitados -de todas las corrientes políticas- por presunta corrupción.
La judicialización
El canciller Gil también habló sobre la judicialización de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al decir que ni el gobierno, ni el Poder Judicial, tienen injerencia alguna en las decisiones, y aclara que los militantes de una organización política acuden al TSJ es cuando, de manera interna, no han podido resolver sus diferencias, y es ahí cuando se toman decisiones.
Respuestas a medias, descalificaciones, desconocimiento de la situación de derechos humanos y la utilización de las sanciones como respuesta a todos los problemas: Así se resume la participación de la administración de Nicolás Maduro, en la primera de dos fechas consecutivas, en el quinto examen del referido Comité en torno al cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Las preguntas de los expertos del Comité, que evalúa en Ginebra (Suiza) la situación de Venezuela durante los días 10 y 11 de octubre, se pasearon por el alcance de los estados de emergencia, ataques a defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas, represión en las protestas y ejecuciones extrajudiciales por operativos en zonas pobres, independencia de la Defensoría del Pueblo y efectividad de las políticas anticorrupción.
Fuente: TalCual