EFE- Las autoridades nicaragüenses han clausurado al menos 33 universidades privadas en Nicaragua, entre ellas la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano, según una investigación divulgada este miércoles.
El estudio, titulado «Tierra arrasada: Aniquilación de la libertad académica en Nicaragua», realizado por investigadores jóvenes con el apoyo del Fondo de Innovación para el Cambio – I4C de la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), detalla que al menos 33 instituciones educativas han sido canceladas legalmente entre 2018 y 2023, destacando, además de la UCA, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
Según el estudio, tanto la UCA como la Upoli fueron disueltas «por tener una participación» en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
En el caso de la UCA, según el documento, previo a su disolución, fue expulsado del Consejo Nacional de Universidades (CNU), pese a que era entonces la «última institución universitaria autónoma y crítica del país» que contaba, además, con prestigiosos centros de investigación como el Instituto de Historia de Nicaragua, el Instituto para el Desarrollo de Comercio Exterior y el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica».
Las autoridades estatales también cancelaron fundaciones y organizaciones vinculadas a temas académicos a nivel de educación media y técnica, «dejando a un centenar de jóvenes y adolescentes en el limbo académico», de acuerdo con la investigación.
Expulsión de estudiantes y despidos de docentes
Otras acciones violatorias al ejercicio de la libertad académica, según el informe, son la «expulsión arbitraria» a más de 150 estudiantes de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y la eliminación de registros académicos, como medida correctiva por participar en manifestaciones contra la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las autoridades de la universidad.
Esa misma medida fue implementada en otras universidades como la «confiscada» Upoli y la estatal Universidad Nacional Agraria, afirman.
Asimismo, la investigación registra los «despidos injustificados» de al menos 74 docentes universitarios, así como la reducción salarial como método de presión para orillarles a renunciar y nombrar en su lugar a personal de confianza que faciliten la vigilancia a estudiantes.
«Las medidas fueron arbitrarias pues no contaban con fundamento laboral o académico alguno, ni argumento basado las normas legales y reglamentarias contempladas para el despido y la expulsión de docentes y estudiantes. Hasta ahora, no existe investigación con evidencia para fundamentar las causales», aseguran.
Otras medidas arbitrarias son el despido de personal administrativo en las universidades a raíz de la cancelación y usurpación de los recintos, los recortes presupuestarios a universidades beneficiadas con el 6 % constitucional, que ha afectado «de manera directa programas de becas y la contratación de personal docente y administrativo».
El fin de la autonomía universitaria
Por otro lado, señalan que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el CNU «de forma discrecional» han limitado la acreditación y funcionamiento de universidades privadas como la Universidad Paulo Freire, que fue ilegalizada en febrero de 2022.
Además, denuncian el «control migratorio» a comunidad educativa universitaria, personal administrativo y catedráticos invitados a Nicaragua.
El CNU orientó hace un años a todas las universidades establecidas en Nicaragua que estudiantes, docentes, personal administrativo y directivos deben informar con 30 días de anticipación sobre entradas y salidas del país, incluidos viajes de carácter personal, y catedráticos extranjeros invitados.
En general, según la investigación, desde que Ortega retornó al poder, en enero de 2007, las universidades han sufrido «un progresivo deterioro expresado fundamentalmente en la pérdida de autonomía universitaria en Nicaragua».
También se ha impuesto un «adoctrinamiento desde el pensum académico, proselitismo político, cultismo a la imagen y del partido de Gobierno e imposición ideológica, generando limitación del espacio cívico de protestas dentro de las universidades», indican.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo