Un total de 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) han exigido al Gobierno de Venezuela que emita de forma «inmediata» salvoconductos para los seis opositores que se encuentran en calidad de asilados en la Embajada argentina en Caracas.
Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Paraguay han reafirmado su «compromiso con la protección de los Derechos Humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas», así como «el pleno respeto al derecho de asilo diplomático».
En la declaración –leída por el representante de Uruguay ante la OEA, Raúl Florentín, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente– han recordado que las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo «actos de hostigamiento» contra la legación diplomática, actualmente bajo protección de Brasil, «mediante la presencia intimidatoria de personal armado».
Los países han recordado que se han producido cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como una interrupción en el ingreso de alimentos y agua, algo que «representa una situación de peligro para su vida e integridad personal».
En este sentido, han afirmado que estas acciones «de hostigamiento y asedio constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional, en particular a los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena» que obligan a tomar medidas para proteger a las embajadas diplomáticas.
De la misma forma, los países han recordado que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 «impone al Gobierno venezolano la obligación de otorgar» la seguridad suficiente para que los asilados puedan abandonar el país «sin que peligre su vida, su libertad o integridad».
«Los Estados miembros insistieron en el respeto de los Derechos Humanos y las libertades individuales y solicitaron a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano», ha zanjado, recordando así la resolución adoptada en agosto sobre Venezuela.
El ministro de Exteriores argentino, Gerardo Werthein, ha dicho durante la sesión extraordinaria que estas prácticas por parte del Gobierno venezolano, que que ha calificado de «totalmente inaceptables», no deberían «ser toleradas», ya que «vulneran de forma flagrante el Derecho Internacional».
«No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada, ni que los asilados sean sometidos a una estrategia de desgaste física y terror psicológico. Aceptar esta situación nos convertiría en cómplices de la arbitrariedad y abriría la puerta a que esta práctica se repita en cualquier otra misión diplomática de los estados aquí representados», ha agregado.
Más tarde, la líder opositora María Corina Machado agradeció a Werthein que haya liderado la iniciativa ante la OEA y al resto de países por apoyarla. «Debe restablecerse urgentemente el servicio eléctrico y el acceso a servicios elementales en la Embajada de Argentina bajo custodia de Brasil», ha pedido en la red social X.
Los seis venezolanos que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas son estrechos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado. Se trata de Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González Moreno, Pedro Urruchurtu, Fernando Villalobos y Pedro Martínez Motolla, quienes entraron en la sede diplomática el 20 de marzo tras emitirse una orden de captura en su contra.
Desde entonces, las autoridades venezolanas vigilan la sede diplomática. La ruptura de relaciones entre Caracas y Buenos Aires llevó a la intervención de Brasil, que se ha hecho cargo de la representación argentina en Venezuela.