El Ministerio Público solicitó a Interpol la alerta roja contra Carlos Alberto Teran, un hombre de 52 años de edad, acusado de violar a una menor de 13 en el estado Mérida, cuyo caso ha generado denuncias en redes sociales por activistas y ONGs.
La víctima, resultó embarazada producto del abuso sexual y decidió abortar con ayuda de una mujer que después fue detenida por esto.
Tarek William Saab, fiscal general del órgano judicial, hizo público en Twitter las solicitudes de búsqueda contra el sujeto, donde asegura también la petición de alerta roja en Interpol.
El Cicpc lo busca formalmente desde el 16 de octubre del 2020, según se observa en el documento que reveló Saab.
A inicios de enero, defensores de derechos humanos comenzaron a realizar una campaña en redes sociales, para la liberación de una activista llamada Vanessa Rosales, que presuntamente suministró una pastilla a la menor, víctima de la violación, para que abortara.
La mujer fue liberada este lunes bajo medida cautelar sustitutiva, el mismo día que el fiscal general soltó la alerta pública contra el victimario.
Las diferentes ONGs participantes en la difusión de la campaña, incluyen un enlace, todavía vigente, que exigen un «proceso justo y acorde a la ley» para Rosales.
El texto que acompaña la información indica que fue arrestada el 12 de octubre del 2020.
«Se le acusa de brindar información y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo de una adolescente de 13 años, quien quedó embarazada producto de una violación«, agrega el escrito.
A la defensora, reseña, se le imputaron tres delitos: agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero, exponiéndola a penas elevadas.
Vannesa permaneció privada de libertad casi por tres meses.
Las ONGs denunciaron públicamente el incumplimiento de «garantías judiciales previstas en la legislación nacional y en tratados internacionales».
La relización de la audiencia de flagrancia 4 días después a su detención, superando las 36 horas que establece la ley, amparados en un diferimiento presentado por el Ministerio Público, 48 horas posteriores a su aprehensión; la falta de acceso a la acusación formal que hizo el Ministerio Público, así como al expediente de Vannesa por parte de sus defensores, quienes sólo han podido verla en una oportunidad
Texto de la denuncia por parte de las ONGs difundidos en el siguiente enlace avesa.blog.
Avesa, es una organización con 35 años de experiencia en la defensa de derechos sexuales, reproductivos y derechos de la mujer, de acuerdo con el perfil de su cuenta en Twitter.
La defensora detenida ha sido integrante de diversas organizaciones de mujeres, es maestra de escuela y ha dedicado su vida a proteger a las niñas, adolescentes y mujeres, añaden.
«La acusación contra Vannesa ocurre en un país en el que las niñas y adolescentes están expuestas a diversas formas de violencia sexual, incluida la violación, que muchas veces termina en embarazos forzados. Es preciso destacar que la adolescente a la que Vannesa ayudó, se encuentra en condiciones sociales precarias y que un embarazo a esa edad es un grave riesgo para su salud y su vida».
El periodista de Sucesos, Román Camacho, señaló que, según las versiones policiales, Vanessa tenía en su poder 600 pastillas «Cytotec» cuando la arrestaron.
Otra mujer detenida junto a ella por presuntamente vender la pastilla a la menor, no fue liberada, agregó.
«Cytotec», también conocido como Misoprostol en algunos países, son pastillas de «aborto seguro» que incluso son legales para este proceso en las naciones que han decidido legalizarlo, según se lee en la página web de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer
Enmanuel De Sousa
Foto: Cortesía