La acusación criminal contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que conduce la fiscalía federal de Miami desde hace al menos 7 años, se ha ampliado con la adición de nuevos testimonios que conocieron de cerca cómo operaba la ex funcionaria mientras estuvo al frente del Ministerio Público de Venezuela, indicaron fuentes.
Varios testigos, incluyendo un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Ortega y se radicó en Estados Unidos, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega, entre otros, han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron de las conversaciones con fiscales del Distrito Sur de la Florida.
Ortega ya ha sido mencionada como parte de un elaborado esquema de pago de sobornos en un caso criminal en Miami, que resultó en la condena del empresario venezolano Carlos Urbano Fermín.
Urbano Fermín se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos y admitió haber pagado alrededor de US$1 millón en sobornos a un “fiscal de alto rango”, presumiblemente Ortega Díaz, como manera de asegurarse que la Fiscalía de Venezuela detuviera cualquier investigación de sus multimillonarios contratos de construcción con la petrolera estatal Pdvsa.
El empresario fue sentenciado en mayo de 2022 a una pena de 120 días de prisión, así como 5 años de probatoria.
Ortega atribuyó la confesión de Urbano Fermín como producto de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para provocar una confesión para dañar su reputación.
Pero el caso de Urbano Fermín es apenas uno de varios en los cuales la fiscal Ortega habría recibido numerosos pagos irregulares a través del sistema financiero norteamericano, mientras fue Fiscal General de Venezuela.
Otro de los casos está centrado en los sobornos que presuntamente recibió mientras ejerció el poderoso cargo de Fiscal General en la era chavista, por parte de personalidades vinculadas al sector bancario en Venezuela.
Según una fuente de la oposición venezolana en Miami que conoció de la investigación, Ortega presuntamente recibió pagos de los banqueros Víctor Vargas y Tomas Niembro cuando ambos estaban al frente del Banco Occidental de Descuento (BOD), para controlar las indagaciones de la Fiscalía sobre un esquema de fraude dirigido desde el BOD y subsidiarias en Curazao (Banco del Orinoco NV) y Panamá (Allbank) en la que desaparecieron millones de dólares de cuentas en dólares pertenecientes a miles de cuenta-habientes venezolanos.
La Fiscalía nunca concluyó las investigaciones que implicaban a los directivos del BOD Vargas y Niembro, y actualmente los banqueros no enfrentan ningún tipo de sanciones por la desaparición de los millonarios depósitos.
Vargas vendió sus propiedades en Estados Unidos, incluyendo una mansión de US$77 millones en Palm Beach, una hora al norte de Miami, en 2017 presuntamente para evadir una amplia investigación criminal en su contra por su supuesta participación en esquemas fraudulentos y de pago de sobornos, revelaron las fuentes.