En mayo una gran ola de frío provocada por la tormenta Yakecan afectó todo Brasil. Junto con una delegación de Diputados de los ocho países Amazónicos integrados por Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana, Brasil y Venezuela, llegamos a Brasilia para participar en una sesión del Parlamento Amazónico. La naturaleza nos estaba recordando a los actores políticos y sociales allí reunidos la importancia inigualable de la Amazonia para mitigar los avances del cambio climático.
Para una política venezolana con la experiencia de una dictadura de 23 años que destruyó toda la robusta institucionalidad ambiental del país, arrasó los recursos naturales y cedió territorio amazónico a grupos irregulares que con violencia someten y exterminan a pobladores, encontrar aliados parlamentarios comprometidos en proteger el frágil y majestuoso bioma amazónico fue muy alentador.
La sesión fue también una valiosa oportunidad para resaltar la importancia de la región del Orinoco y de Venezuela para la Amazonia en su totalidad, así como el gran peligro que enfrenta esta zona. Como detalla la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, «la actividad minera en los estados Amazonas y Bolívar se reporta como la mayor amenaza que puede acentuar los efectos del cambio climático.»
Sin embargo, los efectos de la degradación ambiental en la Amazonia van más allá del cambio climático. La crisis ambiental ocasionada por la minería ilegal, sumado al uso excesivo de mercurio y cianuro por parte del régimen en Venezuela representan una grave amenaza para las comunidades locales e indígenas, así como para la seguridad regional y hemisférica. Como detalla la Academia, esta situación desencadena “una serie de procesos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas de la región, con repercusiones al resto del país.
Un ejemplo de la vulnerabilidad a la que se ven sometidas las comunidades locales, especialmente mujeres y niñas, es lo sucedido en marzo 2022 en la comunidad Yanomami en la frontera con Brasil, donde un grupo de mujeres de la zona reclamó al personal militar la devolución de un equipo de comunicaciones digitales y el legítimo reclamo provocó la muerte de cuatro indígenas y varios heridos.
En la sesión del Parlamento Amazónico, propuse las siguientes líneas de acción. En primer lugar, resulta necesario trabajar en el fortalecimiento de las democracias de los países amazónicos. No resulta compatible la protección, resguardo, restauración y aprovechamiento sostenible del Amazonas mientras los Estados que comparten el bioma amazónico estén controlados por el crimen organizado.
Venezuela y la región deben adoptar un nuevo plan de seguridad para combatir el tráfico ilegal y el crimen organizado que operan en la zona y promover la adopción de acuerdos de cooperación fronteriza.
En segundo lugar, tanto en Venezuela como en los 8 países Amazónicos, debe confinarse y circunscribirse la industria minera a espacios que minimicen el impacto ambiental fuera del bioma Amazónico.
En tercer lugar, es vital contar con un marco normativo e instituciones ambientales sólidas en la región. En lo normativo, se debe instar a Venezuela a atender la declaratoria de inconstitucionalidad del Arco Minero del Orinoco y decretar moratoria a la actividad minera en toda la región, hasta tanto se formule un Plan de Desarrollo que atienda el mandato constitucional y a la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2018.
Asimismo, debe promoverse la adopción y aplicación del Acuerdo de Escazú en todos los países Amazónicos y condenar política y moralmente a las autoridades que impidan o persigan el activismo por los derechos humanos ambientales, el derecho a la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental.
Finalmente, es importante fortalecer desde los respectivos Parlamentos los objetivos del Tratado de Cooperación Amazónica, y ampliar el campo de trabajo desde la perspectiva ambiental a la geopolítica para que el fondo común del Parlamento Amazónico pueda también prevenir el uso del territorio para el narcotráfico y otras actividades criminales.
A mi llegada a Venezuela, aprovechando el ímpetu por la emoción del encuentro, presentamos de modo inmediato al Parlamento Venezolano un Acuerdo de respaldo a las decisiones tomadas en Brasilia. Si se implementan estas líneas de acción, podemos conservar la Amazonia y asegurar que la biodiversidad de esta región proteja a futuras generaciones.
Foto principal: AP
María Gabriela Hernández
Diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de la Asamblea Nacional 2015-2021
Vicepresidenta del Parlamento Amazónico de Venezuela 2015-2021
Miembro del partido Primero Justicia