La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) llegó a la conclusión de que «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017».
Así lo recoge el informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor acerca del ‘examen preliminar’ que puso en marcha en febrero de 2018 ante las denuncias recibidas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro en protestas callejeras y en las cárceles.
En ellas se alertaba de un uso excesivo de la fuerza para «dispersar y reprimir manifestantes» y los «graves abusos» sobre los detenidos que expresaban su rechazo al gobierno de Maduro.
Si bien la publicación no señala que el nuevo Fiscal de la CPI, Karim Khan, haya tomado una decisión a partir de los avances que dejó sobre el caso venezolano su antecesor, se ratifica que el documento es una respuesta al recurso dilatorio introducido por el Fiscal General la República, designado por la extinta ANC, Tarek William Saab.
La ONG Acceso a La Justicia confirmó también que la Fiscalía consideró que “existe inacción de las autoridades venezolanas” en investigar y sancionar a “los responsables de los crímenes de lesa humanidad” presuntamente cometidos en Venezuela, lo que representa ser la primera información del organismo sobre dicho punto.
Igualmente, la investigación previa de Bensuoda orienta a reconocer que se habrían cometido «crímenes contra dirigentes opositores, la participación de actores civiles y fuerzas de seguridad, y luego la falta de investigación».
El documento de la Fiscalía internacional concluye:
«Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Los autores de la represión
Las observaciones realizadas por Fatou Bensouda ponen en especial el foco sobre el tratamiento a las personas detenidas, aspecto sobre el que considera que hay «información suficientemente detallada y fiable».
En concreto, afirma que «la información disponible proporciona bases razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente responsables de la comisión física de estos supuestos crímenes incluyen» a estos cuerpos: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS) y otras diversas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
Además, asegura que, de acuerdo con la información disponible, «individuos progubernamentales también participaron en la represión de opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».
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