La fiscal general peruana presentó el martes al Parlamento una denuncia constitucional contra el presidente, Pedro Castillo, en un nuevo episodio de las acusaciones contra el mandatario, quien rechazó los señalamientos y comentó que se busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de estado”.
En su primera rueda de prensa con medios internacionales tras más de 14 meses de gestión, Castillo también negó tras una pregunta de The Associated Press haber solicitado asilo político ante el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en favor de su exsecretario Bruno Pacheco y sus dos sobrinos, investigados por presuntamente integrar una organización criminal liderada por el mandatario, como alegan documentos de investigación de la fiscalía a los que la AP accedió.
“Negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que con la verdadera justicia demostremos la verdad ante el país”, dijo Castillo en una conferencia en el palacio presidencial.
Es la primera vez que la fiscalía peruana denuncia ante el Parlamento a un presidente en ejercicio. La fiscal general, Patricia Benavides, afirma que Castillo habría cometido los supuestos delitos de organización criminal y corrupción. “No hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”, dijo Benavides en un pronunciamiento.
La fiscalía también mantiene cinco investigaciones preliminares contra Castillo por los mismos delitos, así como otra indagación adicional sobre el mandatario por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
Según la ley, una subcomisión parlamentaria analizará la denuncia de la fiscalía, un proceso que podría tomar hasta dos meses. El resultado es incierto porque incluso dentro de la subcomisión de 25 miembros la oposición no tiene mayoría. En más de 14 meses de gobierno, Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por supuesta “incapacidad moral permanente” porque la oposición parlamentaria no cuenta con los 87 votos necesarios para removerlo.
La Constitución peruana sólo permite procesar a un presidente en el cargo en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones. En su denuncia la fiscal general apela a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. El primer ministro también precisó que pedirán «una opinión» a Naciones Unidas sobre el uso de la Convención al caso peruano.
Fuente: AP