El canciller venezolano, Yván Gil, indicó que durante la quinta defensa del Informe de los Derecho Humanos en Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, dejó claro muy claro que los derechos políticos de los venezolanos están resguardados.
“Hemos visto caso de algunos personeros políticos que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública, aquí no se está conculcando ningún derecho político, ellos pueden participar en una elección, pueden elegir, pueden ser electos, pero por hechos de corrupción debidamente documentado ante la Contraloría, han sido inhabilitados de la función pública”.
Gil aseguró que el tema de las inhabilitaciones es parte de un “discurso” utilizado por un sector político para “atacar” la institucionalidad venezolana.
Al defender el quinto informe enfatizó: “hemos desmontado cada uno de los aspectos que han venido siendo utilizados para atacar a Venezuela, hemos visto con sorpresa cómo unos supuestos expertos en derechos humanos han usado información que aparece en las redes sociales para construir casos en contra de Venezuela».
Al respecto, el canciller declaró que dichos casos «son totalmente falsos, casos que no demuestran ninguna violación de los derechos humanos».
Asimismo dijo que Venezuela explicó cómo las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela «han venido tratando de afectar los derechos humanos» en el país, lo cual ha implicado un esfuerzo mayor del Gobierno nacional.
“Hemos expuesto en detalle la situación de Venezuela y la acción del Gobierno Bolivariano para proteger los derechos humanos”, aseveró.
Inhabilitaciones sin sentencia firme
Las polémicas inhabilitaciones, entre éstas la María Corina Machado, pre candidata a la primaria presidencial de la oposición, , han sido administrativas, a través de la Contraloría General de la República (CGR) y no mediante un proceso judicial, según lo que se ha hecho público, reseña la Voz de América.
Ali Daniels, directivo de Acceso a la Justicia, ONG dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, explica que el estándar internacional contempla inhabilitaciones a través de vía judicial.
“Las que existen por vía administrativa son contrarias al estándar internacional en materia de ejercicio de derechos políticos. Sí se viola el derecho político si se impide el ejercicio de derechos políticos porque el derecho del sufragio comporta dos elementos, el pasivo y el activo. La inhabilitación impide el ejercicio del derecho al sufragio de manera pasiva, es decir, el de ser electo”, precisa.
En junio fue divulgado un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) el cual precisa que Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, por haber incurrido en “actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas”, entre ellas “errores” y “omisiones” en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial.
Además, señala el oficio que la dirigente política ha solicitado “bloqueo” a Venezuela por parte de la comunidad internacional y “ha sido participe” de una “trama de corrupción” que, según expone, fue orquestado por Juan Guaidó.
En una entrevista concedida recientemente al canal Globovision, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, dijo que quien esté inhabilitado “no se va a inscribir” como candidato en las próximas elecciones previstas para 2024.
Esta semana el líder opositor venezolano, Henrique Capriles, puso a la orden su candidatura a la primaria presidencial, argumentando que sobre él pesa una “ilegal” inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años.
Fuentes: MPPRE:/ Voz de América