Cansados ya “de tantos abusos, de tantos atropellos y de tantos amedrentamientos” de que han venido siendo objeto desde hace unos cuatro años atrás, los comerciantes del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) se decidieron a alzar su voz con energía, y a denunciar públicamente todos estos hechos, con sus respectivas circunstancias.
Fueron denunciantes los ciudadanos Arsenio José Ramírez y Eduardo Torres, cada uno con 37 años allí establecido.
Pero, además, al momento de la denuncia, les acompañaban, en gesto de solidaridad, los también comerciantes de dicha instalación paramunicipal Ramón Castillo y Luis Ramírez.
Aclararon de entrada los referidos comerciantes no tenían en absoluto ninguna intención política, en primer lugar.
Y, en segundo lugar, que se han visto realmente en la necesidad de hacer público su “drama” debido a que han acudido a diferentes instancias de poder público, y “de justicia”, y hasta ahora no han recibido “ni siquiera respuesta” a sus “angustiosos planteamientos”.
Algunos señalamientos
En resumen –porque fueron bastante extensas sus declaraciones-, he aquí algunos de sus dichos:
Ramírez dijo que, en abril de este año, las puertas de sus tres locales, entre gallos y medianoche, fueron violentadas mediante la utilización de sopletes, y despojado de la mercancía existentes en los mismos, incluidos mobiliario y computadoras, “y hasta ahora no me han devuelto nada”.
-El colmo de la arrogancia fue –recalcó- que el propio presidente de Mercabar durante los últimos cuatro años, Juan Carlos Sierra, me dijo altaneramente que yo podía tener 37 años en Mercabar, pero que él me quitaba los locales, y, sencillamente así lo hizo. A lo Jalisco, pero lo hizo.
Por su parte, Torres explicó que, hace cuatro meses, bajo el alegato de que se hallaba atrasado en el pago de arrendamientos, le hicieron lo mismo en su local comercial, exactamente igual a como lo hicieron con Ramírez.
-Pero resulta que el arrendamiento yo lo estaba pagando en tribunales, porque acababan de establecer un nuevo canon, totalmente desproporcionado y abusivo.
-Me llevaron todo, hasta las sillas –añadió-, y no solamente en la oscuridad de la noche, sino en una semana radical.
Apuntaron que de similares atropellos han sido víctimas alrededor de otros 25 ó 30 comerciantes, “pero no se atreven a denunciarlo porque, precisamente, las autoridades de Mercabar se han encargado de inculcar el miedo y el terror entre nuestros similares aquí.
-Y pensar -recalcaron- que las instalaciones físicas del Mercado son propiedad del Ministerio de Alimentación, que, entendemos, debiera tener una supervisión no sesgada de lo que aquí está ocurriendo.
-Y esto que está ocurriendo nos perjudica no solamente a nosotros, sino también a centenares de comerciantes del sector La Playa y a miles de usuarios del propio Mercado Mayorista, que acuden aquí en busca de precios más solidarios.
Algunos otros dichos fueron:
-La mayoría de los comerciantes aquí han aceptado cancelar esos abusivos montos de arrendamiento porque sencillamente se han resignado ante el miedo que se les han inculcado, y ante la amenaza de desalojo “como sea”.
-Han estado vendiendo los locales decomisados a comerciantes políticamente afines a ellos.
-De 15 sanitarios funcionales que había, apenas queda uno solo, pero no tiene servicio de agua.
-El Mercado tenía su propio parque automotor de vehículos y motocicletas, incluidos los cisternas de un puesto propio de bomberos, y ahora lo que hay es un cementerio de vehículos.
-Acabaron con el consultorio médico gratuito que aquí había y que funcionó durante varios años por cuenta de los comerciantes.
-Había extinguidores y luminarias en todos los galpones, y todo eso desapareció.
-También acabaron con varios puestos de comunicación telefónica, y los convirtieron en nuevos locales comerciales no registrados, no sabemos para qué.
-Abandonaron por completo el campo deportivo de béisbol y softbol, fundamentalmente para empleados, comerciantes y deportistas en general.
-Está completamente abandonado el pozo de perforación que abastecía de agua al Mercado Mayorista.
-Nos despojaron de la representación estatutaria en la junta directiva y en el consejo directivo, algo que siempre se había respetado hasta hace cuatro años.
-Violan descaradamente el reciente decreto presidencial que, por la pandemia, prohíbe terminantemente el desalojo de cualquier usuario del alquiler de una casa o local comercial, y que, incluso, suspendió hasta los pagos de arrendamiento.
Tras varios otros señalamientos, culminaron los denunciantes:
-Responsablemente, queremos manifestar que todo esto se ha llevado a cabo con el visto bueno y complacencia del alcalde del Municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, lo cual ha contribuido al estado de indefensión en que nos encontramos, razón por la que hemos decidido romper nuestro silencio y denunciar todas estas arbitrariedades.
Reinaldo Gómez
Foto: R.G