José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), denunció la detención arbitraria de los trabajadores de la siderúrgica Planta Casima, Jesús Guevara y Edgar Torres, el pasado lunes 3 de febrero, por el solo hecho de exigir sueldo dignos.
La CTV aseveró que con la detención de los trabajadores, ya son 10 los sindicalistas detenidos por la administración de Nicolás Maduro, a la cual José Elías Torres califica de “régimen”.
Torres también mencionó que a finales del mes de enero funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la seguridad interna de Pdvsa detuvieron a los dirigentes sindicales Marcos Sabariego y Gil Mujica cuando se disponían a hacer uso de la palabra en una asamblea de trabajadores de la Refinería El Palito.
Mientras en diciembre del año 2019 fueron detenidos, encarcelados y juzgados tres trabajadores del Centro Refinador de Paraguaná, acusados de terrorismo y sabotaje, debido a un incendio en la planta destiladora número 2 de la Refinería de Amuay.
Además recordó la sentencia judicial contra el secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco Rubén González, quien cumple 15 meses de prisión, luego de ser sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión.
Misma realidad enfrenta Rodney Álvarez, obrero ferrominero, quien ha cumplido ocho años de detención y presidio ilegales, a pesar de que el sistema de justicia venezolano no ha mostrado ni una sola prueba de culpabilidad del crimen que se le acusa.
A la lista también se suma Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Empleados del estado Sucre, junto a Carlos Ochoa y César Morales, detenidos y judicializados.
Torres argumentó la confluencia de una serie de agresiones y violaciones a través de todo el aparato de Estado, especialmente de los cuerpos policiales y militares, además del torcido sistema judicial, que persigue las luchas de los trabajadores.
Reiteró que la prohibición de una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es prueba evidente del genocidio laboral y social que está cometiendo la administración de Nicolás Maduro contra los venezolanos.
Anderson Piña Pereira
Foto: Ángel Zambrano