En un giro dramático de acontecimientos, el Presidente Guaidó presentó una solución viable que conduce a la anhelada transición democrática en Venezuela. Su propuesta de formar un Gobierno Nacional de Emergencia incluye tanto a las fuerzas políticas elegidas democráticamente como a otras, siempre que no hayan sido acusadas o hayan cometido crímenes contra la humanidad.
Este gobierno de emergencia, junto con el Marco de Transición Democrática complementario del Departamento de Estado, es una medida que fue bien recibida por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, entre otras naciones. Esto brinda una oportunidad para que partidarios del régimen se unan en torno a una transición que permitiría a los venezolanos recuperar la paz, al tiempo que garantiza una mejor oportunidad para manejar la pandemia de COVID19.
La acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra Nicolás Maduro y varios de sus asociados por múltiples cargos de narcoterrorismo es adecuada, oportuna y justificada. El gobierno interino de Venezuela aplaudió esta medida porque muestra que nadie escapa a la justicia. A través de su Programa de recompensas de narcóticos, el Departamento de Estado de EEUU ofrece recompensas hasta por $15 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Nicolás Maduro, un paso que Estados Unidos no tomaría a la ligera. Esto debería mostrar la gravedad de la situación.
Los críticos han calificado la acusación como superflua o como una distracción política. Por el contrario, estos cargos criminales contra Maduro y sus asociados llegan muy atrasados. Durante años, Maduro ha sostenido su régimen ilegítimo a través de fondos ilícitos, en gran parte provenientes de las drogas, un sistema que heredó de su predecesor, Hugo Chávez. En 2013, autoridades francesas encontraron 1.3 toneladas de cocaína ocultas en 31 maletas a bordo de un avión de Air France desde Caracas a París, uno de las mayores incautaciones de cocaína de Francia. En 2018, Diosdado Cabello, cabeza de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima de Venezuela y segundo del régimen de Maduro, fue sancionado por estar «directamente involucrado en actividades de narcotráfico».
El ex vicepresidente venezolano Tareck El Aissami fue sancionado en 2017 por el Tesoro de EEUU por supervisar los envíos de narcóticos. En 2019, fue acusado de violar la Ley de Designación Kingpin de Narcóticos Extranjeros por usar su posición de poder para participar en el tráfico internacional de drogas.
Esta práctica está tan profundamente arraigada en el régimen que incluso la esposa de Maduro, Cilia Flores, ha sido implicada en tráfico de drogas por asociación. En 2017, sus sobrinos fueron condenados en EEUU por tráfico de cocaína y, más recientemente, su apelación fue rechazada. Pero es más que el tráfico de drogas y el dinero fraudulento lo que sostiene al régimen de Maduro. Como escribió un investigador, el tráfico ilegal de drogas crea «espacios donde prosperan las redes delictivas organizadas transnacionales».
En julio 2019, Maduro ofreció refugio a dos excomandantes de las FARC buscados por las autoridades judiciales colombianas: Ivan Márquez y Jesús Santrich también son buscados en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Naturalmente, existen los muchos costos posteriores de permitir que narcotraficantes y terroristas operen libremente en Venezuela. Human Rights Watch ha denunciado abusos horribles por parte de guerrilleros y grupos terroristas (como el ELN). En las numerosas minas ilegales a las que se les ha permitido operar, hay pruebas de “trabajo forzoso o tráfico sexual, forzados por la violencia y el miedo por el grupo que dirige la mina. Se ha informado que en algunas regiones, la edad promedio de las personas objeto de trata sexual es de 13 a 14 años ”.
Además, se ha vuelto indiscutible que PDVSA se ha convertido en una herramienta dominante del régimen para lavar dinero. Entre las docenas de casos penales pendientes, el Tesoro de los EEUU Reveló que solo en un esquema cambiario de 2014 a 2015, los gerentes superiores lavaron $1.2 mil millones. La Asamblea Nacional estima que $30 mil millones han desaparecido de PDVSA en los últimos años. Para poner las cosas en perspectiva, Odebrecht admitió haber pagado $788 millones en sobornos durante 14 años.
Le recuerdo a los defensores del “levantamiento inmediato de las sanciones por parte de los Estados Unidos”, con la excusa de atender la pandemia COVID19 en Venezuela, que hay una licencia que permite específicamente que ingresen suministros humanitarios al país. Es el régimen que obstruye los esfuerzos humanitarios al bloquear los puntos de entrada seguros para la ayuda y retrasa la aprobación de la visa para los trabajadores humanitarios, pero irónicamente, de alguna manera Maduro logró pagar al menos $14.5 millones a empresas de cabildeo en Washington D.C., al tiempo que el petróleo venezolano sigue fluyendo gratis a Cuba.
La solución indudable para avanzar y atender simultáneamente la crisis agravada por la pandemia COVID19 es la propuesta del Gobierno de Emergencia presentada por el Presidente Guaidó y respaldada por la comunidad internacional. La administración de Guaidó hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que se restablezca la democracia, pero la única forma de llegar allí efectivamente es con la salida de Maduro. La comunidad internacional será clave para introducir la ayuda que tanto se necesita en el país y adelantar una transición democrática seria y creíble. Este es el movimiento correcto en el momento correcto.