En el Estado Lara, se han producido últimamente cuatro casos de abierta ejecución arbitraria –o extrajudicial- y uno de secuestro por parte de funcionarios de organismos policiales y de seguridad, todos los cuales han sido debidamente denunciados, pero que, hasta ahora, no hay señales de intenciones o de voluntad política de hacer justicia.
La anterior manifestación provino del doctor Guillermo Palacios, abogado larense y parlamentario electo a la Asamblea Nacional del año 2.015, en declaraciones aportadas a este medio de comunicación social.
-Incluso –enfatizó el letrado-, uno de esos casos ya está en la Corte Penal Internacional (CPI), a la que probablemente habrá que llevar los otros cuatro casos.
¿Podría usted especificar esos cinco casos, uno por uno?
-Por supuesto que sí. El primero de ellos, y es el que está en la CPI, es el de la masacre de tres muchachos en el caserío El Bosque del Municipio Morán, hecho ocurrido el día 20 de febrero de 2.019.
-En este suceso, fueron fusilados por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), los jóvenes Christian Ramos y los hermanos José Alejandro y Anderson Torres Cortés, de 20, 19 y 25 años de edad, respectivamente.
Implicación
-Valga señalar, como detalle muy llamativo e interesante, que, en este caso, estaría presuntamente implicada la actual alcaldesa del citado Municipio Morán, Gisela Rodríguez.
-El segundo caso es el de Víctor Manuel Silva, de 27 años de edad, quien fue ejecutado por parte de funcionarios dela Policía Nacional Bolivariana el día 15 de octubre de 2.019.
-Este hecho ocurrió en la represa Dos Cerritos del mismo municipio, pero su cadáver fue abandonado en una calle de la urbanización Santa Eduvigis, de la capital morandina.
-Los otros tres hechos son de reciente data, y el primero de ellos corresponde al caso de Edwin Alexander Parra, de 23 años, ejecutado por funcionarios de la FAES el 8 de junio de este mismo año en el sector La Coqueta de la Parroquia Bolívar del Municipio Morán.
-El otro caso fue el de Keimer Flores, de22 años, ejecutado por funcionarios del CICPC el 13 de julio, también de este año, en el sector Palo Verde de la misma Parroquia Bolívar.
Secuestro y extorsión
-Y el último hecho corresponde a un caso de secuestro y extorsión por parte de funcionarios de la FAES en contra de un pequeño comerciante de Guarico, también en Morán, de nombre Rafael Ramírez, caso que “se destapó” el 20 de marzo de 2.021.
-Valga resaltar –siguió diciendo Palacios- que esta situación de ejecuciones arbitrarias y de secuestros de ciudadanos ocurre no solamente en el Estado Lara, sino en casi todo el país.
-Y también es bueno resaltar que lo que queremos es refrescar la memoria de la opinión pública, para que se tenga bien en claro que, así como el primer caso debió llegar a la CPI en busca de justicia, casi con seguridad que los otros también deberán llegar.
-Y todo ello –finalizó- porque es evidente que, en Venezuela, no hay ni intención ni voluntad política de esclarecer estos casos, y menos de que se establezcan responsabilidades a nivel de las cadenas de mando, a pesar de todo lo que ha dicho al respecto el fiscal general de la República.
Reinaldo Gómez
Foto: Archivo