Para el doctor José Luis Machado Astudillo, presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara, la reciente destitución de siete jueces de esta entidad federal, tanto de tribunales de control como de tribunales de ejecución, “no deja de ser altamente preocupante por diversas razones, no solamente para mí en lo personal y como abogado que soy, sino también para el resto de la junta directiva de nuestro gremio, y para todos los profesionales del derecho de esta entidad federal en general”.
-Y digo que es preocupante, entre otras razones, porque, en primer lugar, nadie sabe a ciencia cierta por qué motivo fueron destituidos, y, en segundo lugar, porque el que ellos hayan sido destituidos en esa forma deja un mal sabor ante la opinión pública y ante el foro larense, ya que, así, pudiera ser valedero preguntarse si fueron destituidos por deshonestidad en el ejercicio de sus funciones, o por incompetencia, o porque en algún momento se negaron a aceptar lineamientos ajenos a la conciencia y al criterio de ellos como tales.
Ante una pregunta, manifestó el dirigente gremial que, efectivamente, poco después de tan masiva destitución, él sostuvo una reunión con el presidente del Circuito Judicial Penal, doctor Luis Ramón Díaz, pero que éste no ofreció un explicación satisfactoria, o al menos clara, en torno a ello, máxime si se supone que son personas debidamente capacitadas desde el punto de vista académico y profesional para ejercer sus cargos.
-Lo cierto fue que, hasta donde entiendo, la medida de destitución vino directamente desde Caracas, es decir, desde donde se halla el poder que controla al Poder Judicial en Venezuela, llámese Dirección Ejecutiva de la Magistratura, o llámese Tribunal Supremo de Justicia.
Y, seguidamente, sin pensarlo mucho,
aseveró Machado Astudillo:
-Porque para nadie es un secreto que en el Poder Judicial venezolano no se
tiene en absoluto la autonomía que tanto se pregona, y que todos los
venezolanos deseamos.
-Por lo tanto, hacemos un llamado a los órganos respectivos para que se respete la integridad moral que a estos funcionarios les fue dañada al ser separados de tales cargos, y máxime en una forma tan misteriosa; y es misteriosa porque, como siempre, nunca dan explicaciones de nada.
-Y hasta donde podamos, vamos a tener pendiente la defensa de estos colegas, porque también ellos son abogados, como estamos igualmente obligados a defender a los abogados que ocupan otros cargos, como fiscales del Ministerio Público, y hasta como secretarios de tales despachos.
-Incluso, existe una situación contradictoria, si se quiere, porque sé de colegas litigantes que han denunciado infinidad de irregularidades en el Poder Judicial local, pero nadie ha sido sancionado..
-Y, por último, tengo que decir que, con una medida de ese tipo, se corre el riesgo, como probablemente debe estar ocurriendo, de que el magistrado, o el juez, que no decida conforme a lo que su conciencia o su criterio le dicten, sino conforme a lo que se le indique desde el poder del Poder Judicial, o conforme o apegado lo que se le imponga desde “el socialismo del siglo XXI”, será probablemente entonces destituido sin explicación alguna, con lo cual deberá también así adaptarse a la judicialización de los hechos políticos.
Reinaldo Gómez