El gobernador del estado de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis, firmó el jueves 13Feb un paquete de proyectos de ley que endurecen las penas para los inmigrantes irregulares. Tanto él como los legisladores defienden que la pena de muerte sea obligatoria para quienes cometan delitos capitales.
El amplio paquete de leyes antiinmigrante está alineado con la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump, y los legisladores de Florida están preparando una posible pelea con los tribunales que pudieran considerarlo inconstitucional. Y es que, para cierts analistas, algunas de las leyes van más allá de las órdenes ejecutivas de Trump.
Es el caso de la ley SB 4C, la cual contempla la pena de muerte para los migrantes en situación irregular en Estados Unidos, los cuales no tengan autorización legal y cometan delitos capitales como asesinato en primer grado, violación infantil, algunos relacionados con el narcotráfico, entre otros.
En este caso, también extiende la pena de muerte a los inmigrantes irregulares que sean miembros de bandas criminales.
Además, las nuevas reglas convierten el ingreso en el estado sin el preceptivo estatus legal, en un delito en sí mismo, contemplando una pena de cárcel de nueve meses y una condena mínima de cinco años de prisión para quienes regresen a Florida después de haber recibido la orden de abandonar el territorio.
Fiscal también solicita pena de muerte
A comienzos de febrero, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando que pretende revivir la pena de muerte federal y levantar la moratoria sobre las ejecuciones federales, particularmente contra inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves.
Estos son los puntos destacados de la ley antiinmigrante de DeSantis en Florida
- Los proyectos de ley de Florida reservan casi 300 millones de dólares para la aplicación de la ley de contra la migración.
- 298 millones de dólares se destinarían para contratar a más de 50 nuevos agentes centrados en la inmigración, además de subvenciones para equipar y capacitar a las agencias locales.
- Bonificaciones para los oficiales que ayudan en las operaciones federales y reembolso por el alquiler de centros de detención.
- Se ordena la pena de muerte para los migrantes que cometan delitos capitales mientras están en EUA sin documentos.
- Se aumentarían las penas para todos los delitos cometidos por migrantes en el país sin autorización.
- Será un delito ingresar al estado sin papeles.
- Las fuerzas del orden estatales y locales ayudarán al gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
- El gobernador podrá remover a los funcionarios locales que no cooperen con los esfuerzos federales de deportación o control de inmigración.
Fuera del paquete aprobado se han quedado algunas disposiciones que impulsaba el gobernador, como las restricciones al envío de remesas por parte de inmigrantes irregulares o la obligación para las empresas de menos de 25 trabajadores de verificar el estatus legal de sus empleados, según detalla la prensa local.