“Los trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Lara (CLEL) estamos a la espera de que se nos pague, o se nos retorne, el dinero del que se nos despojó en dos tremendas estafas de las que fuimos víctimas”.
La anterior manifestación provino de Héctor Parra, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del antes mencionado ente público.
Se refería Parra a que “hace cinco años, fuimos víctimas de un robo de nuestras prestaciones sociales, concretamente en el año 2015, bajo la presidencia de Orlando Miranda, hoy alcalde del municipio Jiménez”.
-En ese entonces –prosiguió-, de acuerdo con la explicación que el propio Miranda nos dio, aparecía como responsable la entonces secretaria de la División de Servicios Administrativos, la que, supuestamente, “por motivos de necesidad”, había falsificado la firma de la directora y del jefe de Recursos Humanos.
-Según Miranda –prosiguió el dirigente-, ésta se comprometió a vender algunas prendas personales para reponer el dolo, pero, hasta ahora, ni nos han repuesto el daño causado, ni mucho menos se ha atribuido y sancionado la responsabilidad de la funcionaria.
-Pero, por si fuera poco, luego, en el año 2017, vino el caso de la administradora de ese momento, bajo la presidencia de Johnny Colmenares, quien ciertamente denunció el caso, y la dama sí estuvo detenida, pero salió rápidamente en libertad.
¿Cuántos trabajadores han sido afectados por estos hechos dolosos, y a cuánto asciende aproximadamente el monto de lo desfalcado?
–Pues una buena cantidad de trabajadores fuimos afectados, aun cuando no tengo en este momento el número exacto, y el daño causado ascendió a un monto que, para ese momento, era bastante cuantioso.
-Quiero también aprovechar la ocasión –dijo finalmente Parra- con el fin de señalar que los trabajadores del CLEL padecemos de numerosas carencias, entre las cuales puedo citar: Llevamos cuatro años sin recibir uniformes, tampoco nos entregan el “bauche” de pago y, por si fuera poco, algo que es común para los trabajadores del sector público, como lo son los salarios de miseria que actualmente devengamos.
Reinaldo Gómez.
Foto referencial, archivo El Informador