Las autoridades guatemaltecas confirmaron este viernes que solicitaron una orden de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana, la segunda en su contra, por supuestas anomalías en la compra de un edificio cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).
El fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público, Marlon Pacheco, dio a conocer en una conferencia de prensa datos de este caso, que estaba bajo reserva, y en el que presuntamente Aldana autorizó la compra de un edificio en la zona 5 de la capital a través de un proceso que tenía varias irregularidades.
Aldana, que había sido denunciada reiteradamente por la compra supuestamente anómala de esta propiedad y que está fuera del país desde principios de este año, ha asegurado en reiteradas ocasiones que se trata de «una mentira de las mafias» para «intentar detener el avance en la lucha contra la corrupción e impunidad».
Pacheco dijo este viernes que por este caso, en el que las autoridades realizan 7 allanamientos, se han girado 7 órdenes de aprehensión, contra Aldana, la exjefa administrativa Miriam Salazar, y la exdirectora administrativa Patricia Beatriz Guzmán, por los delitos de abuso de autoridad y fraude.
También está la exjefa del departamento Jurídico Diana Odette Benavides, por incumplimiento de deberes y fraude; y los negociadores del contrato: Lourdes Leyton (apropiación indebida de tributos), Mynor Lobos (testaferrato) y William Balz (defraudación tributaria y fraude).
Denuncias para la investigación
La investigación, que comienza después de una denuncia de «irregularidades» en esta adquisición, señala que la negociación, que empezó en noviembre de 2016, estuvo rodeada de anomalías, pues se compró el inmueble por un valor de 35 millones de quetzales (4,5 millones de dólares), pero había una sobre valoración de 3,5 millones de quetzales (unos 455.000 dólares).
La presentación expuesta por el fiscal en la conferencia de prensa, que según él mismo reconoció tenía errores en las fechas, señala que Balz empezó las negociaciones a pesar de que no era ni dueño ni representante legal de la empresa propietaria del edificio.
Además, personal del Ministerio Público, que después supuestamente fue destituido, había señalado en varios informes, igual que otras autoridades, que había inconsistencias para formalizar el negocio y que el edificio, en ese entonces, era una obra gris, sin sanitarios ni agua.
Después de los cambios suscitados por la exfiscal en el departamento Jurídico, los nuevos encargados emiten un nuevo dictamen «favorable» en el que se manifiesta que la operación cumple con todos los requisitos establecidos en ley y Aldana firma una resolución para aprobar «la compraventa».
En ese documento, supuestamente justifica la «necesidad» de la operación y en octubre de 2017 se materializa, pero según la investigación no se produjo tal justificación, que además debería ser «previa a cualquier negociación».