Quito (AP) — En un gigantesco operativo, agentes de la Fiscalía detuvieron el jueves a 39 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, entre otros, vinculados a una investigación sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
Las autoridades investigan indicios de “una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico” que mostraría “la profunda descomposición estructural que campea en el país”, explicó la Fiscal General, Diana Salazar, en un vídeo publicado en su cuenta en X, antes Twitter.
Salazar comunicó además el final de la operación “más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico”, en la que intervinieron más de 900 personas entre fiscales, equipos tácticos y unidades especiales de la policía.
El Consejo de la Judicatura es la entidad encargada de la administración del sistema judicial y los concursos para elegir a los nuevos jueces, además de la aplicación de medidas disciplinarias a los funcionarios del sector, pero no imparte justicia.
En un comunicado, la Judicatura expresó “su profundo rechazo y preocupación” ante lo que calificó como “detención arbitraria y sin sustento” de Wilman Terán, presidente de ese organismo, así como el allanamiento al edificio sede de tal institución, acciones de las que dijo que «carecen de fundamento y atentan contra los principios de la función judicial.
En el operativo se realizaron 75 allanamientos en seis provincias y se arrestó a jueces, exjueces y a un general de la policía — que estuvo en activo hasta la semana pasada — entre otros funcionarios.
En imágenes difundidas por la televisora Teleamazonas, pudo verse a Terán escoltado policías. En un momento dado, dijo a los reporteros que “esta es una metida de mano a la Justicia” y calificó su detención como “un abuso de poder”, agregando que “nada debo, nada temo”.
En declaraciones a The Associated Press, el legislador Pedro Velasco, de la alianza política Actuemos, señaló que hay que apoyar a la Fiscalía porque “nos interesa que se combata toda forma de corrupción», pero además que se combata a las entidades donde supuestamente están «permeando organizaciones criminales y actividades ilícitas”.
A inicios de esta semana, las bancadas de los partidos Social Cristiano, de derecha, y Construye, de centroizquierda, con el apoyo de 40 legisladores, presentaron un pedido formal de juicio político contra Terán a quien acusan de impulsar una “agenda impunidad” de los acusados por corrupción.
El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, que se ha pronunciado en contra de la corrupción, en su cuenta de X, dijo que “el apresamiento de Terán es justa para seguir adelante en contra las organizaciones criminales. La moral, la honestidad no se negocian”.
La operación se produjo días después que el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, afirmó que el narcotráfico estaba buscando extender su poder e influencia en la función judicial y que ha logrado un espacio importante en ámbitos como clubes de fútbol y medios de comunicación. No ofreció nombres ni más