El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), presentó esta semana un informe sobre la situación de asedio al Parlamento nacional por parte del gobierno
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), organización que trabaja en la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la promoción de la cultura de paz, presentó esta semana un informe sobre la situación del Parlamento nacional y lo que acusa como el asedio del que ha sido objeto el Legislativo desde 2015, por parte del gobierno nacional.
En el mismo señala que la situación de los diputados actualmente es:
- 84,60% activo
- 3,80% refugiado en embajadas
- 11,50% en la clandestinidad (33 diputados, equivalente al 19,76$ de sus miembros que son 167).
“En el mencionado informe demostramos que la persecución política es aplicada para destruir por completo los vestigios de democracia que quedan en Venezuela. El informe evidencia una cadena de hechos recurrentes que han signado el asedio a la Asamblea Nacional desde su elección en 2015”.
Añaden que “estas reiteradas prácticas de persecución política a la disidencia las venimos documentando desde Cepaz y otras organizaciones de la sociedad civil desde que se realizaron las elecciones parlamentarias en el año 2015” sobre lo cual se han elaborado tres informes.
En sus cifras también indican que de 167 diputados, de los cuales 112 son de la oposición (a la cual se han sumado algunos disidentes del chavismo), hay:
- Tres presos
- Dos excarcelados con medidas sustitutivas
- Seis suspendidos de la AN por el TSJ
- 29 enjuiciados por el TSJ empero su inmunidad parlamentaria (28 de oposición y un disidente)
- Cinco inhabilitados por la Contraloría General de la República, sin juicio (oposición 4 y uno disidente)
- También sancionados con la pena máxima de 15 años inhabilitados.
Explican que “hasta la actual fecha, se han producido 119 sentencias emanadas del TSJ que buscan ejercer el control absoluto del Parlamento”. Contra las atribuciones y competencias del poder legislativo establecidas en la Constitución, son el 71,43% de las sentencias; contra la inmunidad parlamentaria, 21,01%; contra el sistema democrático 5,04%; y contra las funciones administrativas de los organismos públicos, 2,52%”.
También identificaron 12 patrones desarrollados por el gobierno venezolano para la reiterada y sistemática persecución y represión de la oposición política:
- Apertura de procedimientos judiciales caracterizados por la violación del derecho al debido proceso
- Persecución y amedrentamiento a través de los medios de comunicación
- Destitución de cargos públicos y de elección popular a políticos disidentes
- Allanamientos irregulares a la propiedad privada, incluso sin orden judicial
- Allanamiento a la inmunidad parlamentaria
- Inhabilitación política
- Usurpación de las funciones públicas
- Aquiescencia de actos violentos en contra de dirigentes políticos
- Apertura de procedimientos ante tribunales militares
- Persecución a familiares
- Anulación de pasaportes y prohibición de salida del país
- Apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes.
Todo lo anterior “evidencia que el Estado venezolano participa por acción u omisión en un modelo articulado de violencia y persecución para limitar las acciones de los diversos sectores de la oposición, que con los años se hace más notorio, más efectivo e incisivo”, “con la que se criminaliza, desprestigia y minimiza la actuación de la oposición política venezolana”.
El informe quiere demostrar su versión según la cual la AN ha estado bajo asedio, desde su instalación, siendo usados los otros poderes y la fuerza pública para este ataque. También a los denominados “colectivos”.
Cepaz considera que en “los últimos años el ensañamiento del gobierno en contra del Parlamento institucionalmente y de sus miembros ha evidenciado que la persecución contra la oposición es sistemática y estructurada, con el objetivo de destruir el último bastión que queda de la democracia en Venezuela”.
Señalan que “la persecución política no afecta solamente a los diputados, como ya hemos visto en informes anteriores, sino también a los trabajadores de este poder público, que se ven afectados en el cumplimiento de sus funciones y en su bienestar y el de sus familias Con la emisión de la sentencia de desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016, la autonomía del Parlamento quedó anulada”.
Asegura el organismo que “la persecución política es una herramienta que utiliza el gobierno nacional para finalizar su proceso de posesión absoluta del poder bajo una imagen democrática, pues manteniendo la estructura básica de un Estado democrático, ha logrado someter a los poderes Judicial, Electoral, Ejecutivo y Ciudadano, quedándole únicamente el Poder Legislativo por tomar”.
Cepaz sostiene que es fundamental documentar y denunciar estos actos ante los organismos internacionales de violación de derechos humanos, así como otros en la región, en pro de la defensa de la democracia, en Venezuela y todo el continente.
Elizabeth Dávila H.