A finales de enero, los fiscales generales de al menos 20 estados, presentaron una demanda solicitando a una corte federal que se de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EEUU.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario para ciudadanos de Haití, Nicaragua, Veenzuela y Cuba, fue“arbitraria y caprichosa”.
A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de “servicios a los migrantes”.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EEUU.
Mayorkas ha defendido el programa, asegurando que ha reducido en un 90% los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de “incomprensible”.
En octubre anunciaron el programa
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de una incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.
A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como “parole humanitario” para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera.
En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EEUU bajo este programa, según datos de DHS.
Paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha implementado una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
Fuente: Monitoreamos