Tras haberse conocido que un grupo de diputados representando a la Comisión de Política Interior y acompañados por la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela otorgaron casa por cárcel a al menos 78 detenidos en Carora, estado Lara, el gremio de abogados se pronunció indicando que los legisladores no están en competencia para otorgar beneficios carcelarios.
El presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, José Luís Machado Astudillo y el abogado penalista Omar Flores, indicaron a El Informador Venezuela que los diputados “no están en propiedad para otorgar libertades”, haciendo referencia a que no existe alguna ley que ampare su accionar.
Detallaron que la Asamblea Legislativa está encomendada jurídicamente y administrativamente. “Ellos tienen unas funciones específicas, las legislativas, de ahí no pueden pasar” al tiempo que agregaron que “la única figura que manejan desde el punto de vista de consulta y de propuesta, es la amnistía, ni siquiera el indulto” aclararon.
Indicaron que un juez es la única persona que pudiera determinar la libertad o la privativa de una persona que incurrió o no en un delito. Debido a que estas figuras representan al Estado desde el ámbito legal.
“Quien dice o quien determina, su libertad o encarcelación es precisamente el juez natural. El juez que conoce la causa”, detallaron los abogados e indicaron que esta figura también tiene limitaciones desde el punto de vista jurisdiccional y la competencia.
Retardo y hacinamiento
Aunque los parlamentarios haciendo referencia al retardo procesal y a las condiciones en las que están las comisarias estudiaron y otorgaron dicho beneficio carcelario en tres sedes de seguridad ubicadas en Carora, los abogados detallaron que estos lugares tampoco son aptos para que una persona cumpla su pena.
“El retardo y el hacinamiento lo ha propiciado el mismo Estado” enfatizaron, al tiempo que explicaron que “todos los jueces en el momento que hacen la audiencia, en la boleta dice ‘se ordena su encarcelación en el Centro Penitenciario David Viloria’ por mencionar un ejemplo”.
“Ningún juez ordena como centro de reclusión una comisaria, eso no es un centro de reclusión. No es centro de reclusión Cicpc, ni Guardia Nacional,ni Policía estadal, ni Policía Municipal. Centro de reclusión es centro penitenciario” aclaró el penalista Flores.
“Si ha ocurrido este retardo o este hacinamiento es precisamente por políticas propias del Ministerio Penitenciario, que es quien tiene el control de los penales, que es quien dice quien ingresa y quien no ingresa” sentenció.
Agregaron que no hay manera de explicar que el juez emita una boleta de encarcelación, pero que el privado permanezca durante meses, o incluso años, en alguna comisaria de la región, por lo que detallaron que el Ministerio es el encargado de velar por el cumplimiento de las funciones de los organismos.
“Estamos prestos a colaborar por la vía legal”
Sin embargo, indicaron que el gremio de abogados está dispuesto a participar en una restructuración que conlleve a mejorar el sistema judicial del país, y a que los órganos legales competentes funcionen correctamente.
Por lo que pidieron que el Estado debiera estudiar a cabalidad una “reforma inmediata de la Ley del Abogado” con el fin de que los profesionales de las leyes en ejercicio, sean sancionados si incurren en algún delito o empleen de manera inadecuada sus funciones.
Sin embargo, recalcaron que lo más importante es que los entes gubernamentales ejerzan autónomamente sus funciones, que no incurran en decisiones que no les competen y que respeten el Estado de derecho.
Por lo que reiteraron el llamado a los gremios para una reestructuración debido a que los abogados forman parte del sistema de justicia del país y el ejercicio de sus funciones deben ser tomados en cuenta.
Naikarys Cordero
Foto: Referencial @angelzamb11