Para el doctor Guillermo Palacios, ex diputado a la Asamblea Nacional del año 2015, el gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, debe aparecer, y no esconderse; debe dar la cara y aclarar por fin cómo es el chanchullo de los tres gigantescos tubos de Hidrolara, movilizados todavía no se sabe por orden de quién.
Se refería Palacios a los tres enormes tubos de acero, de 66 pulgadas de diámetro y de 12 metros de longitud, que fueron decomisados –o retenidos— la semana pasada por efectivos del Cuerpo de Policía del Estado Lara.
Tal retención tuvo lugar cuando dichos tubos eran transportados, o iban a ser transportados, en tres enormes camiones desde el sitio en donde se encontraban, muy cerca del comando de la Guardia Nacional, en El Tocuyo.
Afirmó el doctor Palacios en su cuenta de Instagram, y también a título personal, que, de acuerdo con las averiguaciones por él mismo adelantadas, existen dos órdenes de movilización de estos tubos, una dc ellas emanadas de Tubhelca, y otra emanada de Hidrolara, empresas públicas ambas.
Ahora, ¿Cuál de las dos autorizaciones de movilización es la verdadera, o ambas tenían el mismo efecto? Y, de ser así, ¿Cuál fue el motivo de tal movilización?
¿Cuál era el destino…?
–Y otro detalle –precisó el conocido dirigente político larense–, ¿Qué destino tenían esos tubos, que, según se estima, tienen un costo de 14.000 dólares cada uno?
–Ahora bien, si todo esto es un “guiso”, como parece ser, ¿Por qué motivo pasan a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público a los choferes de los tres camiones, que vienen a ser el eslabón más bajo de esta cadena de corrupción, con la precalificación, por cierto, de “robo de material estratégico”?
–¿Cómo quedan, entonces, quienes autorizaron este chanchullo? Porque, por lo que se ve, parece que pretenden pagar todos los platos rotos con “los chinitos de Recadi”, que vendrían a ser, en este caso, repito, los choferes de los tres camiones.
El fiscal general y el director del CICPC
–Otra cosa: Es harto y públicamente conocido que tanto el fiscal general de la república, Tarek William Saab, como el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), forman un “barullo” y echan al escarnio público a cualquier ciudadano por algún procedimiento policial, por muy simple, o por muy “caliche”, que sea.
–Entonces, ante la gravedad que cada vez más reviste este caso, ¿Por qué diablos ninguno de ellos ha informado hasta ahora nada al respecto? E insisto: ¿A quién se quiere proteger?
–Y es por eso que emplazo públicamente al gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, a que dé la cara y ofrezca una explicación a la colectividad larense en torno a este nuevo “guiso” gubernamental.
Gráfica: Archivo