La administración Maduro cumplirá con los pagos de deuda externa del país, específicamente los relacionados con Pdvsa y la Electricidad de Caracas (EDC), aseguró este 15-S la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al anunciar una propuesta de reestructuración de la deuda externa, a partir de una oferta condicionada de las mencinonadas empresas.
En rueda de prensa, la también ministra (E) de Economía y Finanzas, aseveró la disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República, en razón de lo cual presentó un plazo hasta octubre para aceptar la oferta condicionada.
“Existe una oferta condicional común. Quienes acepten deben hacerlo antes del 13 de octubre y solo será para ciertos tipos de bonos”, dijo la ministra.
Enfatizó que los inversionistas tendrán hasta la medianoche del 13-O de 2020 para decidir si aceptan o no la oferta. «Las aceptaciones recibidas con posterioridad a esa fecha y hora serán rechazadas», aclaró, al tiempo que invitó a los involucrados a “revisar detalladamente” la propuesta, cuyas condiciones específicas serán precisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades emisoras.
Destacó que ésta busca garantizar que los inversores no resulten afectados por las sanciones estadounidenses que desde 2017 han impedido la reestructuración de la deuda venezolana. Precisamente, recordó que en noviembre de ese año “Venezuela anunció la intención de reestructurar su deuda y convocó a los tenedores nacionales e internacionales para buscar fórmulas que permitieran superar las limitaciones impuestas por las sanciones”.
De acuerdo con Rodríguez, la propuesta solo tendrá efecto si los tenedores de bonos que representen más del 75% del monto de capital aprueban la forma, envían una carta de aceptación por escrito, y acuerdan suspender los reclamos pendientes que avanzaron hacia procedimientos judiciales abiertos contra Venezuela.
La Vicepresidenta resaltó que Venezuela comprende que los tenedores de bonos pueden requerir una licencia o aprobación regulatoria para aceptar la oferta, por lo que el país colaborará con los inversionistas en sus esfuerzos para alcanzar dicho consentimiento.