Este martes, el fiscal general de Haití pidió a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry del asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país.
El fiscal Bed-Ford Claude presentó la orden el mismo día que le pidió a Henry reunirse con él para explicar por qué un sospechoso clave en el asesinato de Moïse lo llamó dos veces apenas unas pocas horas después del homicidio.
“Hay suficientes elementos comprometedores… para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, escribió Claude en la orden judicial.
Claude dijo que las llamadas se hicieron a las 4:03 y a las 4:20 de la madrugada del 7 de julio, y añadió que las pruebas demuestran que el sospechoso, Joseph Badio, estaba en las inmediaciones de la casa de Moïse en ese momento.
Badio estuvo trabajando para el Ministerio de Justicia de Haití y en la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido en mayo entre acusaciones de haber violado normas éticas no especificadas.
En el documento de dos páginas, Claude afirma que las llamadas duraron un total de siete minutos y que a esa hora Henry estaba en el Hotel Montana de Puerto Príncipe. También destacó que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry le dijo que nunca había hablado con Badio.
El lunes, el ministro de Justicia, Rockfeller Vincent, ordenó al jefe de la Policía Nacional de Haití que reforzara la seguridad del fiscal Claude porque había recibido amenazas “importantes e inquietantes” en los últimos cinco días.
El juez del caso, Garry Orelien, está obligado a investigar sobre la base de la solicitud de Claude y tiene tres meses para determinar si los hechos del caso justifican alguna medida. Luego emitiría una ordenanza dictando lo que ocurra con el caso, explicó Brian Concannon, asesor del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití.
Más de 40 sospechosos han sido detenidos en el caso, entre ellos 18 exsoldados colombianos. Las autoridades siguen buscando a otros sospechosos, entre ellos Badio y un exsenador haitiano.
La investigación continúa a pesar de que los secretarios judiciales han tenido que esconderse, alegando que fueron amenazados de muerte si no cambiaban ciertos nombres y declaraciones en sus informes.