La Fiscalía española es partidaria de extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas del presidente fallecido de ese país Hugo Chávez, y está reclamado allí por blanqueo de capitales, asociación ilícita y enriquecimiento injusto.
En una vista judicial celebrada hoy en la Audiencia Nacional, Velásquez se negó a ser entregado a las autoridades venezolanas, como ya hizo hace unas semanas su mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera de Chávez.
Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado abril reclamados por la Justicia venezolana tras aparecer sus nombres en sociedades de los llamados «papeles de Panamá». El tribunal español ya accedió a extraditar a Díaz Guillén hace unas semanas, aunque la decisión está pendiente de recurso.
En cuanto a Velásquez, la Fiscalía mantuvo hoy el mismo criterio a favor de la extradición que en el caso de su esposa.
El abogado de Velásquez, Ismael Oliver, afirmó que existe un riesgo para la vida del matrimonio en Venezuela y que se trata de un caso «insólito», porque las personas que firman la orden de su detención -el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Tarek Saab y Maikel Moreno- han sido sancionadas por la Unión Europea (UE) y no pueden entrar en su territorio.
«Entregar a una persona a dos condenados por violar los derechos humanos sería una temeridad y además inconstitucional», según el abogado, que considera la reclamación venezolana como un «montaje».
Pero según argumentó el fiscal Carlos García Berro, la doctrina del Tribunal Constitucional español estipula que «no basta con una mera alegación genérica de la situación de los derechos fundamentales de un país, se requiere una acreditación, aunque sea mínima, de cómo puede afectar a la persona reclamada», cosa que, a su juicio, no ocurre en este caso.
El abogado Oliver replicó que «son unánimes los organismos internacionales, que no son dudosos de nada, que están observando lo que está ocurriendo en Venezuela: las muertes, las desapariciones y que incluso opositores vuelan por las ventas».
Además, alegó que la documentación entregada por Venezuela para justificar la detención de Velásquez y su mujer -que fue tesorera del gobierno de Chávez- no recoge ni los delitos específicos que se les imputan como funcionarios públicos que eran, ni las fechas en que los que los cometieron ni las cantidades de dinero público que supuestamente sustrajeron.
Tener empresas en Panamá, aseguró, era algo «absolutamente habitual» en el caso de ciudadanos venezolanos y «el hecho de enriquecerse no es en sí mismo un acto que sea delictivo».
En esta línea, el abogado cree que basar solo la reclamación en los «papeles de Panamá», donde aparecían «jueces, fiscales, políticos y deportistas», provoca la «indefensión» de Velásquez.
Además, argumentó su defendido estaba «totalmente alejado de bienes públicos», pues estaba al servicio del primer cinturón de seguridad de Chávez.