El próximo miércoles, el Senado español debatirá una moción presentada por el Partido Popular (PP), en la que se exigirá al gobierno de Pedro Sánchez el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela.
Esta propuesta, que busca rechazar de manera contundente cualquier intento de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder, se presenta a menos de un mes de la toma de posesión de un nuevo presidente en el país suramericano. El texto del PP destaca la necesidad de una respuesta inmediata ante lo que consideran un vacío de acción por parte del gobierno español, advirtiendo que la historia juzgará a quienes no tomen una postura clara frente a la crisis venezolana.
Con el respaldo de una mayoría en el Senado, la moción del PP tiene altas probabilidades de aprobación. El partido critica la “preocupante indiferencia” del gobierno español hacia las demandas internacionales y el mandato soberano del pueblo venezolano, argumentando que esta postura debilita el liderazgo de España en el ámbito iberoamericano y socava los principios democráticos de su política exterior.
Edmundo González Urrutia, quien ya ha sido reconocido como presidente legítimo por el Parlamento Europeo, el Congreso español y varios gobiernos, ha manifestado su intención de jurar como presidente el próximo 10 de enero en Caracas. La oposición venezolana sostiene que González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, presentando actas que respaldan su victoria frente a los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que favorecieron a Maduro sin documentación suficiente.
Además, el PP ha instado al gobierno español a exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, con especial énfasis en los ciudadanos españoles detenidos por motivos políticos. Esta moción sigue la reciente aprobación de una iniciativa similar en el Congreso, donde el PP propuso solicitar una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro, reflejando así una creciente presión sobre el gobierno español para adoptar una postura más firme en relación a la situación en Venezuela.