El Parlamento español aprobó este jueves 16 de febrero una legislación que amplía los derechos de aborto y transgénero para adolescentes, al tiempo que convierte a España en el primer país de Europa en otorgar una licencia menstrual pagada.
La impulsora de las dos leyes fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Unidas Podemos, uno de los aliados en el gobierno de coalición de izquierda.
Aborto: un derecho en la sanidad pública
Los cambios en los derechos sexuales y reproductivos significan que las jóvenes de 16 y 17 años en España podrán abortar sin el consentimiento de los padres. Habrá productos para el período gratis en escuelas y prisiones, mientras que los centros de salud estatales harán lo mismo con los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después.
Además, se pretende garantizar que las mujeres puedan tener acceso a su derecho al aborto en los hospitales y centros de la red pública, algo que no ocurre en varias regiones españolas.
Sale adelante la autodeterminación de género
La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas LGTBI, conocida como Ley trans, introduce como principal novedad el reconocimiento de la autodeterminación de género registral a partir de los 16 años sin ningún requisito.
Se establece así por ley la despatologización del colectivo al no ser necesario la presentación de informes médicos o psicológicos. En el caso de los menores de entre 14 y 16 años, deberán contar con el consentimiento de sus tutores, y en el caso de aquellos entre 12 y 14 años, deberán tener aval judicial.
Ley del “solo si es si” rebaja penas a transgresores sexuales
La polémica en torno a la ley conocida como del ‘solo sí es sí’ continúa en España después de que se hayan producido unas 300 rebajas de penas de agresores sexuales, desde que entró en vigencia en octubre de 2022.
Una de las expertas que participó en la redacción de esta norma, la catedrática de Derecho Penal Patricia Fajardo, reconoce que se contempló este escenario. «Sabíamos que las penas se reducían, sí. Algunas, porque otras aumentaron notablemente», acotó.
Si embargo, esta aplicación reactiva de la norma más beneficiosa para el reo mantiene al Ejecutivo sumido en tensiones entre sus dos socios de Gobierno.
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