El informe, presentado este lunes, incluye a Venezuela y hace referencia a la Ley Contra el Odio, que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan «el fascismo».
En el informe el Departamento de Estado recordó varios hechos que tuvieron mayor notoriedad, como mayo de 2022, cuando el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó al padre Alfredo Infante, superior de los jesuitas en el país y coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, por difamación luego de la publicación de un informe anual en el que participó junto a la ONG Provea.
“Según el informe anual divulgado el 14 de marzo, en 2021 hubo 221 ejecuciones extrajudiciales en Carabobo, la tasa más alta del país. En una rueda de prensa para la presentación del informe, el padre Infante y el director de Provea, Marino Alvarado, pidieron que se investigue el papel de la Policía Nacional en las ejecuciones extrajudiciales”, señala el texto.
Indicó que en junio, el abogado del padre Infante llegó a un acuerdo con los legisladores y aclaró públicamente que la intención del informe y las declaraciones de los activistas no era acusar directa o indirectamente a Lacava por los crímenes, sino alentar la investigación de los casos para que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y una protección efectiva.
«En ocasiones, el régimen aplicó la ley antiodio que criminaliza las actividades de los partidos políticos que promueven el ‘fascismo, la intolerancia o el odio’ a los actores religiosos. En otros casos, el régimen atacó a los líderes religiosos con el código penal», dice el texto.
Además, refiere que «según representantes de la comunidad judía, el régimen y sus simpatizantes, incluidos algunos medios de comunicación afiliados al régimen, aumentaron su retórica antisemita durante el año».
Durante una comparecencia de prensa este lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, denunció que en el informe se recogen persecuciones contra sacerdotes católicos por parte del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y también abusos en China, Irán y Rusia.
«En muchas partes del mundo, los Gobiernos siguen persiguiendo a minorías religiosas, usando la tortura o los llamados campos de reeducación», lamentó Blinken en la presentación del informe.
Rechazan la acusación
Ante estos señalamientos, el Gobierno de Venezuela rechazó el informe y aseguró que el país norteamericano se toma atribuciones que no le han sido otorgadas.
«Rechazamos el informe sobre libertad religiosa del Gobierno de los EE.UU., que continúa tomándose atribuciones que no le han otorgado mecanismos multilaterales ni otros Estados soberanos», dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.
Venezuela, aseguró el canciller, «es un ejemplo de tolerancia y convivencia armoniosa entre culturas y religiones».
Además, agregó que «ningún informe tendencioso podrá borrar el compromiso del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en favor de las diversas expresiones religiosas, que conviven en paz dentro de nuestro territorio».