(AP) — El gobierno colombiano prorrogó por tres meses el cese del fuego bilateral con la facción de la mayor disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que continúa en una mesa de negociación de paz, informó el martes la cúpula militar.
El alto el fuego con el autodenominado Estado Mayor Central —una disidencia liderada por quienes se negaron a firmar en 2016 el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC— venció a la medianoche del lunes, por lo que se esperaba que el gobierno tomara la decisión de prorrogarlo o suspenderlo.
Las autoridades tomaron una decisión mixta: lo prorrogaron con una facción que continúa en la mesa de negociación compuesta por 16 estructuras y lo suspendieron con el resto del Estado Mayor Central que suma 24 estructuras.
Contra las 24 estructuras que ya no están en negociaciones de paz, las fuerzas militares iniciarán operaciones ofensivas, dijo a la prensa el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Armadas.
Las divisiones al interior del Estado Mayor Central provocaron una crisis en la mesa de negociación con el gobierno instalada en octubre de 2023. La ruptura interna quedó en evidencia en marzo de este año, cuando la estructura armada atacó a una población indígena y asesinó a una de sus líderes, lo que provocó que el gobierno suspendiera el cese del fuego en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste del país.
Luego de esa suspensión, la estructura armada arreció los ataques con explosivos en el suroeste del país y una facción al mando de alias “Iván Mordisco” se negó a continuar dialogando.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló a la prensa que el gobierno planteó “líneas rojas” o acciones no permitidas a la facción de la disidencia que continúa en la mesa de negociación y que de ser verificadas darían lugar a la terminación del cese al fuego.
Las “líneas rojas” comprenden asesinatos de defensores de derechos humanos, de los excombatientes de las FARC que se mantienen dentro del proceso de paz firmado en 2016 y acciones contra la fuerza pública que impliquen ataques con artefactos explosivos.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos y excombatientes son una preocupación constante en Colombia y para la comunidad internacional que apoya los acuerdos de paz. Según las Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz hace siete años y hasta junio han sido asesinados 421 excombatientes de las extintas FARC que entregaron las armas, mientras que en lo que va de 2024, han recibido 82 denuncias de asesinatos de defensores, de los cuales han logrado verificar 26.