Este jueves, 16 de septiembre, los talibanes exigieron que los nombres de sus líderes sean retirados de las listas negras de la ONU y de Estados Unidos.
Más de una docena de los miembros del nuevo gabinete del Gobierno interino de los talibanes, anunciado el pasado martes, figuran en la lista negra de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU, muchos de ellos con órdenes de captura por las agencias de Estados Unidos.
Entre ellos destaca Sirajuddin Haqqani, sobre quien pesa una recompensa de diez millones de dólares por parte de las autoridades estadounidenses por información que ayude a su captura y que fue nombrado esta semana nuevo ministro de Interior.
Sirajuddin, de 48 años, es el jefe de una de las agrupaciones insurgentes más temidas en Afganistán: la red Haqqani, fundada por su padre, Jalaluddin Haqqani, para luchar contra la invasión soviética en la década de 1980 y que se encuentra detrás de algunos de los atentados más sangrientos cometidos en territorio afgano.
La red Haqqani, designada como organización terrorista por Estados Unidos, se asoció con los talibanes cuando el grupo islamista llegó al poder en 1996.
«Funcionarios del Pentágono han comentado que algunos miembros del Gabinete del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) o miembros de la familia del difunto Haqqani están en las listas negras de Estados Unidos y siguen siendo objetivos», indicó en un comunicado el Gobierno de los talibanes, que tomó el poder del país el pasado 15 de agosto con la conquista de Kabul.
Para los talibanes, «esta posición es una clara violación del acuerdo de Doha que no beneficia ni a los Estados Unidos ni a Afganistán», en referencia al pacto firmado en febrero de 2020 entre Washington y los islamistas con el que se acordó la retirada de las tropas internacionales del país asiático.
Para los talibanes, «la familia del honorable Haqqani es parte del Emirato Islámico y no tiene un nombre ni una estructura organizativa separados», señaló el portavoz en el comunicado.
«De manera similar, en el acuerdo de Doha, todos los funcionarios del Emirato Islámico sin excepción formaban parte de la interacción con EE.UU. y deberían haber sido eliminados de las listas negras de la ONU y EE.UU., una demanda que aún sigue siendo válida», remarcó.
Con información de EFE
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