El coordinador general de la Mesa Social de Caracas, Benito Urrea, condenó que el decreto N° 3.990 del gobierno de Nicolás Maduro publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.480, con fecha del 23 de septiembre, en el cual se instruye a la realización del censo de viviendas, se designe al Poder popular y a las universidades para ejecutar el empadronamiento de la población.
Indicó que “esto debe ser explicado porque a nosotros no nos queda ninguna duda que esta acción está enmarcada dentro del plan político Ubica tu vivienda”.
Explicó que aunque algunos funcionarios del Gobierno nacional han expresado que el plan Ubica tu vivienda no es una política del Estado, “el pueblo venezolano sabe bien que eso si es una política del Poder popular y especialmente de los órganos funcionales de los partidos oficialistas”.
Recordó además que los venezolanos tienen experiencias claras sobre cómo se han invadido edificios, viviendas, locales y en el decreto, no hay un señalamiento expreso de que será respetado el derecho a la propiedad”.
En cuanto a la aplicación en este censo del código QR, que sirve en principio para almacenar datos codificados y en la mayoría de los casos, cumple la función de enlace a un sitio web, servirá en apariencia para recopilar una información que ya se encuentra disponible en las oficinas de Catastro de los concejos municipales, subrayando que el verdadero objetivo será darle al gobierno “un mapeo en todas las zonas” en donde se identificará de manera clara la ubicación de las casas desocupadas de entre las más de seis millones de viviendas que hay en el país”.
Agregó que “no entendemos por qué se separa el censo de viviendas del censo de población porque las normas internacionales debidamente suscritas por el Estado venezolano y que son leyes de la República establece que esto debe hacerse simultáneamente en todo el país”.
El dirigente social advirtió que ante el estado de incertidumbre que ha provocado en la población el anunciado censo de viviendas, no se debe olvidar que de acuerdo con la norma constitucional y lo establecido en la Ley de la función pública de estadística, “se ordena que quien debe aprobar ese censo es la Asamblea Nacional, por lo que el Ministerio de planificación no puede sustituir a la Constitución sin que esta haya sido modificada por el propio órgano legislativo”.
Elizabeth Dávila H.
Foto: SandyAveledo.com