El Senado de Chile se reunió el martes para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición de centroizquierda que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno.
La crucial sesión se produce a sólo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el período 2022-2026, cuyo ganador recibirá la banda de mando el 11 de marzo de 2022 de Piñera o de su sucesor, en caso de que sea destituido. Si ello ocurriera, el reemplazante será electo por el Congreso entre cualquier ciudadano para que concluya su período.
Para que Piñera sea removido se necesitan 29 de los 43 votos del Senado. La oposición tiene 24 sufragios y los cinco que le faltan deberían provenir de legisladores oficialistas, lo que sería difícil. Si es declarado culpable, no podrá ejercer ningún cargo público durante cinco años.
El mandatario sigue en funciones tras la admisión del juicio político y sólo tiene prohibido salir de Chile a la espera de la decisión del Senado. Las acusaciones contra él son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación” y se votarán por separado.
La senadora Isabel Allende, hija del expresidente socialista Salvador Allende, derrocado por los militares en 1973, fue la octava en intervenir ante el pleno y respaldó ambos cargos, luego de señalar que “los presidentes deben terminar sus mandatos, pero éste es un caso distinto”.
Algunos senadores no usaron su tiempo, mientras que el oficialista Juan José Ossandón fue el único que se ha abstenido hasta el momento. Afirmó que en la acusación contra Piñera “me encontré solo con presunciones”. Agregó que “estoy no para medir intenciones, si no para analizar hechos. La acusación no tiene a mi juicio ningún sustento probatorio”. Ossandón ha mantenido múltiples diferencias con el mandatario, en público y privado.
El Senado sesionará hasta que la acusación sea votada por todos los legisladores, que tendrán 15 minutos para fundamentar su decisión y luego pronunciarse por separado frente a los cargos.
La sesión partió el martes temprano con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir hace una semana el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones, y siguió con la presentación de los descargos de Piñera por intermedio de su abogado.
Los diputados dijeron que Piñera favoreció la venta de un proyecto minero y portuario familiar, pactada en un paraíso fiscal para eludir impuestos, afectando el principio de probidad y que se dañó gravemente el prestigio de Chile.
El abogado defensor Jorge Gálvez alegó que Piñera “goza de una inocencia judicialmente establecida” tras una indagación judicial de 2017 que incluyó la revisión de 1.800 correos electrónicos, que lo sobreseyó tras concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.
Agregó que la venta del negocio familiar fue hecha por una sociedad en la que los hijos del gobernante tenían una participación “no controladora”, que los hechos están prescritos y que Piñera se enteró de la transacción luego de finalizado su mandato, en 2014. La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su término.
La acusación fue presentada en octubre por 16 diputados opositores luego de conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre negociados en paraísos fiscales que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional. Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.
Por los mismos hechos la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito” relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.
Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a fines de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados. AP