Este 15-Abr, la organización no gubernamental (ONG), Amnistía Internacional (AI), publicó un nuevo informe en el que alerta sobre una «alarmante escalada» de persecución y represión registrada en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del 28-Jul.
A través de un comunicado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que las autoridades venezolanas «han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil, como ONG y personal humanitario, y a activistas de la oposición política».
Advirtió a la comunidad internacional que estos hechos no son «nuevos ni aislados», y «podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
La ONG insistió en un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, además de campañas estigmatizantes contra opositores críticos, en especial ligados al partido Vente Venezuela.
«En paralelo, el gobierno ha venido apuntalando proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión», destacó Piquier.
Amnistía pidió a la comunidad internacional tener «máxima atención», en especial durante este periodo electoral, y apoyar las denuncias sobre violaciones de derechos en el país.
También le exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro, «el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas».