Acceso a la Justicia presentó un informe en el que expone el deteriorado estado en el que están las sedes policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos.
«En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias», dice parte del informe La administración de justicia penal en Venezuela.
A su juicio, el sistema de justicia penal solo existe en Venezuela para castigar y reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.
Sobre ello, agrega que el TSJ nunca ha sido nombrado como lo establece la Constitución de la República, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político.
«Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transformado en legalizadores de sus actuaciones».
Sobre la situación del MP, Acceso a la Justicia denuncia que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 también ha estado controlado por el chavismo, y que además casi la totalidad de los fiscales son provisorios.
Para la elaboración de esta investigación se analizaron las reformas que ha sufrido el marco jurídico venezolano en las últimas dos décadas, su impacto en la labor de los organismos antes mencionados y se consultaron informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre la materia.
Fuente: El Nacional