El avanzado deterioro de la infraestructura refleja la severa crisis que afecta a las universidades venezolanas debido a la falta de financiamiento, situación que pone en jaque la calidad de la educación superior en el país, advierte el director del Observatorio de Universidades (OBU), Carlos Meléndez.
A través de su herramienta «Monitor OBU», que registra denuncias y conflictos en 39 instituciones de educación superior, el OBU reportó un aumento del 79 % en los daños a la infraestructura en abril, comparado con marzo, y un incremento superior al 30 % en lo acumulado de 2024., detalló durante entrevista con entrevista con Román Lozinski.
«Esto sucede porque las universidades acumulan más de 10 años sin poder hacer un mantenimiento estructural a su planta física», presentando problemas como desprendimiento de techos y paredes, colapso de las cloacas, problemas en la electricidad, problemas en la transmisión de líneas en edificios completos.
«El 85% de los baños de todo el sistema de educación superior no funciona, el 91 % no tienen acceso a agua todos los días y el 86 % no tienen electricidad continua», reveló.
Además, «seis de cada diez universitarios en Venezuela no tienen laboratorios que funcionen de calidad y de manera regular y tampoco bibliotecas especializadas», lo cual tiene un impacto directo en la directamente la investigación y la docencia: «El 49 % de nuestros docentes tienen cinco años o más sin publicar artículos científicos, ocho de cada diez no hacen proyectos de investigación y lo que está funcionando es la docencia, pero con afectaciones».
En 2024 algunas universidades acusaron que no recibieron ni el 1 % del presupuesto por consiguiente limita las acciones a tareas básicas como limpiezas generales, mientras que las universidades del interior enfrentan un abandono aún mayor.
El OBU también destacó desigualdades, como la intervención de la Universidad Central de Venezuela por una comisión presidencial que ha limitado su autonomía, y el fracaso del «Plan Universidad Bella», lanzado en 2021.
El informe subraya que las universidades públicas autónomas son las principales fuentes de denuncias, evidenciando la urgencia de medidas para rescatar al sector educativo superior venezolano. AC