La reciente actualización del informe de la Alta Comisionada de los DDHH, de la ONU, Michelle Bachelet, ha generado polémica desde que se hizo público. Desde el chavismo lo han acusado de imparcial y sin bases, y desde la oposición le critican que se haya ‘quedado corto’ con los delitos que se cometen en el país.
En entrevista para Unión Radio, el Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz, acusa que el documento «está basado en chisme, en cosas no comprobadas, con un sesgo político para mal informar a personas que no viven en el país y no conocen la realidad de Venezuela».
Cuestionó que se haga referencia al Arco Minero sin tener el aval de fuentes oficiales.
«Lamentamos que este informe esté realizado para engañar porque está basado en supuestas entrevistas confidenciales y no son mencionadas las fuentes, confundiendo la minería ilegal o la delincuencia que actúa en el estado Bolívar y que está al margen de la ley, para hacer ver como si fueran acciones del gobierno».
Enfatizó Ruiz que las autoridades del Ministerio Público han hecho frente a los casos de efectivos de cuerpos de seguridad que han sido vinculados a hechos delictivos. Reconoció que hay situaciones de violación a los DDHH por algunos cuerpos policiales.
Por su parte, el abogado defensor de derechos humanos y coordinador de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, dice que el informe es “un documento flojo y ambiguo» porque pasa por alto el incumplimiento de las 23 recomendaciones hechas en 2019 en torno a presos políticos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas y torturas en centros de reclusión del Estado, recordó el exparlamentario.
Aunado a ello, Narváez considera que Bachelet pasó por alto las ejecuciones extrajudiciales, ejecutadas por las FAES, la vulneración de la libertad de expresión, a través del hostigamiento a medios y periodistas, así como la persecución a la disidencia y la crisis sanitaria.
“Cuando leo y analizo el informe en detalle, encuentro que la Alta Comisionada, a mi manera de ver y con mi experiencia de más de 30 años como activista por los derechos humanos en Venezuela, que ella y su oficina recién creada en este país se apartan de las víctimas y se convierten en colaboradores del Estado venezolano y me pregunto ¿es que la función y misión del Consejo General para los DDHH de la ONU es cooperar con los estados o con las víctimas?”
También los familiares están molestos con el informe
Así lo asegura la periodista Sebastiana Barráez, en publicación hecha por Infobae, en la cual recoge testimonios de familiares de detenidos que muestran irregularidades no mencionadas en en el informe, cuestionan.
Entra tantas, sostienen que la Comisión de Delegados que Bachelet dejó en Venezuela, se ha negado a acompañar a los familiares cuando les han solicitado que los acompañen para pedir información o fe de vida de los detenidos. “Esos delegados también tienen miedo. Han preferido hacerles sonrisas a los funcionarios del Gobierno. Han resultado una gran decepción”, comenta la esposa de un oficial.