Perú, abriga más de 1,04 millones de venezolanos desplegados en su territorio, siendo el segundo destino después de Colombia con más connacionales, los cuales encabezan la lista de naciones que más acogen a solicitantes de asilo.
Con la llegada del covid-19 y el atroz golpe al crecimiento económico de Perú, pronosticado a caer un 14 % este año, la ya vulnerable situación de los venezolanos se vio exacerbada y condujo a muchos de ellos a un estado de precariedad extrema, incertidumbre alimentaria, desalojo y desamparo.
Según reportó la Defensoría del Pueblo, el 89 % de venezolanos residentes en Perú perdieron su trabajo como resultado directo de la pandemia, el 39 % estuvo en riesgo de desalojo y alrededor de 34.000 emprendieron el viaje impensable de regreso a Venezuela.
Aún así, los refugiados venezolanos en el país andino se enfrentan a un conjunto de barreras legales, administrativas y prácticas que entorpecen su inclusión económica, los orilla a trabajar en empleos informales y, en algunos casos, a sufrir explotación y abuso.
Venezolanos en sectores más impactados
De acuerdo con el reporte «El efecto del covid-19 en la inclusión económica de los venezolanos en Perú«, del Centro para el Desarrollo Global (CGD) y Refugees International, el 71 % de los venezolanos empleados en el país andino trabajaban en los sectores económicos más impactados por la pandemia, como la manufactura, las actividades administrativas, el comercio o el almacenamiento, comparado con el 56 % de los peruanos empleados.
Para las mujeres, el escenario es aún peor. El 78 % de ellas laboraban en estos sectores, una realidad que, según explicó a Efe la coautora del estudio Martha Guerrero, retrata la «sexualización» que sufren.
«Eran percibidas como más guapas» y se las consideraba «más aptas para agarrar puestos que eran de contacto con el cliente«, explicó Guerrero.
Inacción del gobierno peruano
El reporte citado acusa al Gobierno peruano de dejar a los venezolanos fuera de la respuesta a la pandemia. «No se ha hecho nada. Se han lavado las manos» denunció Guerrero.
La falta de acciones públicas para apoyar a la comunidad llevó a desplazados a la necesidad de una mayor asistencia humanitaria, enfrentándose al riesgo de desalojo, la falta de atención médica y la inseguridad alimentaria.
En mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que cerca de 200.000 venezolanos en Perú se encontraban en una necesidad urgente de asistencia alimentaria.
«En la pandemia me tocó racionar la comida«, aseveró en declaraciones a Efe Oscar Meza, un venezolano de 36 años, graduado en administración, que desde hace más de dos años trabaja como vigilante de un centro médico en el barrio limeño de San Isidro.
Meza emprendió el viaje a Perú en agosto de 2017, con apenas 250 dólares en su bolsillo, dejando atrás a su madre y su sobrina, a quienes tiene bajo su cargo.
Desigualdad
Ya antes de la pandemia, los venezolanos en Perú tenían peores resultados económicos que los peruanos, pues mientras el 72,5 % de los peruanos trabajaban en 2018 en el sector informal, la informalidad entre venezolanos ascendía al 88,5 %, según el trabajo de CGD y Refugees International.
Además, los migrantes forzados ganan un sueldo un 35 % inferior al de los peruanos, una brecha salarial que se acentúa más aún entre los refugiados que cuentan con educación universitaria, que cobran un 71 % menos.
Hoy, alrededor de 477.000 venezolanos tienen un permiso temporal de permanencia (PTP), una licencia que hasta octubre de 2018 el gobierno peruano otorgaba a los migrantes forzados para tener derecho legal a trabajar y acceso a los servicios básicos.
En 2019, el gobierno introdujo nuevos y estrictos requerimientos de visa, por lo que muchos venezolanos optaron por pedir asilo. Aquel año, sin embargo, de las casi 500.000 personas que aplicaron, apenas 1.230 lograron el estatus de refugiado (0,25 %).
Con información de La Nación
Foto: @apnews