AP– Las autoridades colombianas intentaban identificar el viernes a los autores de un flagrante atentado con coche bomba contra una academia de policía en Bogotá. El ataque alteró los nervios de los habitantes de la capital y suscitó graves interrogantes sobre la persistencia de las amenazas a la seguridad tras el acuerdo de paz con el grupo rebelde más grande de la nación.
Durante la noche, el número de muertos por el ataque ascendió a 21, más del doble frente a los diez reportados el jueves, lo que lo convirtió en el atentado más mortífero de los últimos años contra un objetivo policial o militar en Colombia.
Resultó especialmente perturbador porque el objetivo, la escuela General Santander en el sur de Bogotá, es una de las instalaciones más protegidas de la capital y existen indicios de que podría tratarse de un ataque suicida, algo sin precedentes en las décadas de violencia política en la nación andina.
El presidente Iván Duque, que visitó la academia después de la tragedia, tuvo cuidado de no culpar a grupo armado alguno, pero condenó lo que él calificó de un acto terrorista «infame» que recordó algunos de los capítulos más sangrientos del pasado reciente de Colombia.
“Hoy los terroristas buscan intimidarnos como sociedad y amedrentar al Estado colombiano”, dijo Duque en un discurso televisado. “Colombia les demostrará que esta es una Nación fuerte, unida y que no se quiebra ante la demencia de estas agresiones”.
Entre los muertos se encontraba una cadete ecuatoriana de primera clase. Entre los heridos hay dos estudiantes visitantes de Panamá.
Con la ayuda de cámaras de seguridad, las autoridades identificaron al sospechoso del ataque con bomba como un hombre de 56 años sin antecedentes penales llamado José Aldemar Rojas. Dijeron que el sospechoso murió en el ataque.
El fiscal general Néstor Martínez dijo que Rojas condujo una camioneta Nissan modelo 1993, cargada con 80 kilogramos (175 libras) del explosivo pentolita, a través de un puesto de seguridad hacia el frondoso campus de la escuela, donde acababa de terminar la ceremonia de inicio del año.
Hubo informes, hasta ahora no confirmados, de que cuando los perros entrenados detectaron los explosivos, el conductor se puso nervioso y embistió el punto de revisión hasta llegar al campus, donde explotó momentos más tarde frente a un dormitorio para mujeres cadetes.
Los videos grabados con teléfonos celulares mostraban a policías en pánico acarreando a sus colegas heridos en camillas a lo largo de una calle llena de escombros y cadáveres despedazados frente al armazón de acero que quedó del vehículo usado para el ataque y que aún estaba ardiendo.
Poco se sabe de Rojas. Los registros muestran que compró el auto el año pasado y que lo hizo revisar hace seis meses en estado oriental de Arauca, en la frontera con Venezuela.
La misma zona volátil es un bastión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo rebelde que queda en el país tras el acuerdo de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por el que unos 7.000 rebeldes depusieron las armas.
Se informó que los investigadores están analizando los posibles vínculos de Rojas con el grupo rebelde después de que se divulgaran informes _hasta ahora no confirmados_ de que él fue durante mucho tiempo un experto en explosivos para una célula del ELN que se valía del seudónimo Mocho Kiko.
El ELN ha estado intensificando sus ataques contra objetivos policiales e infraestructura petrolera en medio de un conflicto con el gobierno conservador de Duque por el estancamiento de las conversaciones de paz. Hace un año, el grupo reivindicó el atentado con bomba contra una comisaría de policía en la ciudad costera de Barranquilla, que dejó cinco policías muertos.
Pero hasta el presente, el grupo inspirado por Cuba, que se cree cuenta con unos 1.500 combatientes, nunca ha tenido la capacidad ni ha demostrado interés por realizar un acto de violencia tan espectacular. El ataque del jueves fue el más sangriento desde 2003, cuando la explosión de un coche bomba en el club bogotano de alta sociedad El Nogal dejó 36 muertos, un atentado que endureció la actitud de los colombianos hacia las FARC.
Duque ha exigido al ELN el cese de todos los ataques y secuestros como condición para reanudar las conversaciones y ha condenado a Venezuela y Cuba por supuestamente proporcionar un refugio a los líderes rebeldes mientras sus fuerzas continúan sembrando la violencia en Colombia.
Durante décadas, los residentes de Bogotá vivieron con el temor de verse atrapados en un ataque con bombas de los rebeldes izquierdistas o del cártel de drogas de Medellín de Pablo Escobar.
Sin embargo, a medida que el conflicto colombiano se ha ido calmando, los ataques terroristas han caído a niveles históricamente bajos y los residentes a su vez han bajado la guardia, algo que amplificó el impacto del atentado del jueves.
«Este es el máximo impacto que cualquier acto terrorista puede tener», dijo el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo.
Restrepo dijo esperar que el ataque sea un momento decisivo para Duque, quien fue elegido el año pasado con una agenda de ley y orden muy crítica con el establecimiento de la paz de su predecesor, pero desde que asumió el cargo ha tomado una postura más moderada.
En medio de la tragedia hubo grandes muestras de solidaridad.
Decenas de vecinos hicieron filas en cuatro puntos de la ciudad para donar sangre para tratar a más de 70 heridos.
Lorena Mora, de 25 años, dijo que pasó dos horas de angustia buscando a su hermano, cadete de la escuela desde hace siete meses. Finalmente lo encontró en el hospital policial, donde se encontraba la mayoría de los agentes heridos. Dijo que estaba conmocionado, pero solo había sufrido un esguince en una rodilla.
“Cuando logré entrar a verlo”, dijo “la tranquilidad fue inmediata”.