La Asamblea Nacional paquistaní (NA, Cámara Baja) aprobó la semana pasada una resolución que propone el ahorcamiento público de violadores y asesinos de niños, una polémica propuesta que ha dividido al hemiciclo.
La resolución fue presentada por el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Ali Mohamed Khan, y fue aprobada por una mayoría de los presentes.
“En un gesto de enérgica condena, esta cámara exige el final de estos asesinatos infantiles, tan vergonzosos como brutales”, según el texto de la moción, presentada “a título individual”, recogido por el diario paquistaní ‘Dawn’.
“Por ello, y como contundente escarmiento, esta cámara recomienda que los asesinos y violadores de niños no sólo deberían recibir la pena de muerte por ahorcamiento, sino también morir en público”, según la moción, aprobada por todos los diputados de la cámara excepto el Partido Popular de Pakistán, la histórica formación de centroizquierda de la familia Bhutto, quien recuerda que las ejecuciones públicas suponen una violación del Derecho Internacional.
Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Fawad Hussain, condenó la resolución, que calificó de «brutal» y «bárbara», no apropiada como respuesta a los crímenes.
Los abusos a menores sacuden al país desde que en 2018 la violación y asesinato de una niña de siete años provocó protestas violentas contra la supuesta inacción policial ante este tipo de delitos.
Brutales agresiones
Pakistán es centro de escándalos por abusos desde hace años, de hecho, su ciudad, Kasur, ya había sido centro de un escándalo de abusos contra menores en 2015, cuando se descubrió que al menos 19 niños fueron grabados en video y fotografiados por una red formada por 17 personas, sin mayores consecuencias. Su asesino y violador fue sentenciado a muerte y ejecutado en octubre de 2018.
Desde entonces otros casos de brutales abusos a menores se hicieron públicos, algunos con nuevas protestas contra la Policía y las autoridades. Todo ello llevó a la NA a aprobar a principios de enero un proyecto de ley para proteger a los niños con un mecanismo de respuesta para la desaparición de menores, castigos para los policías que no reaccionen a tiempo y penas para los pederastas. La ley, sin embargo, se encuentra atascada en el Senado.
Según un informe de la ONG Sahil, se denunciaron 3.832 casos de abusos sexuales a menores en Pakistán en 2018, un 11 % más que el año anterior, aunque los activistas creen que los datos reales son muy superiores.