Juan González y Theresly Malavé, abogados de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, negaron el lunes 17-Feb, las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sobre un supuesto “plan de fuga” relacionado con la activista.
“San Miguel, como mujer respetuosa de las instituciones del Estado, ha rechazado durante su trayectoria pública, privada y comunicacional todo tipo de movimientos insurreccionales, atentados, actos terroristas y violentos o cualquier otra irregularidad que lesione la vida o la dignidad de las personas, vengan de donde vengan”, afirmó la defensa en un comunicado publicado en la red social X.
El texto menciona que, desde su arresto, la activista permanece “totalmente aislada e incomunicada” en el Centro Nacional de Procesados, Penados y Anexo Femenino Caracas I, que funciona en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), recibiendo únicamente la visita de su hija.
El equipo también expone que la periodista no milita ni ha militado en un partido político, destacando que no tiene vínculos con organizaciones con fines políticos.
Ante esto, el equipo legal reiteró la solicitud de excarcelación por “razones humanitarias”, ya que padece una fractura desde hace seis meses. La defensa detalló que es urgente que San Miguel pueda operarse con médicos de su confianza, hacer el proceso de postoperatorio y la rehabilitación “en libertad”, debido a que consideran que el Estado “no tiene” la capacidad de garantizar una atención médica de calidad ni el proceso de recuperación.
En este sentido, celebró que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello “reconociera” la necesidad de salud que presenta la periodista y abogada tras “fractura de consolidación viciosa en el brazo derecho”.
Precisó que Cabello es el primer funcionario del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que expone el “delicado” estado de salud en el que se encuentra San Miguel, quien fue detenida el 9 de febrero de 2024 en Maiquetía. S