El futuro judicial del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedó desde el lunes en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que decidirá sobre su libertad en Colombia aunque no fue creado para juzgar a paramilitares sino a una antigua guerrilla.
El lunes la JEP definió que tendrá la competencia prevalente y exclusiva sobre sobre las conductas delictivas cometidas por Mancuso entre 1989 y 2004, año en que dejó las armas en medio de las negociaciones de paz.
El magistrado de la JEP, Rodolfo Arango, explicó en una rueda de prensa que habrá una suspensión de los procesos que lleva Justicia y Paz en contra de Mancuso. Sin embargo, Justicia y Paz conservará la facultad para investigar los miles de crímenes que cometió Mancuso, pero sólo podrá imputarle cargos y no definir su responsabilidad penal ni privarlo de la libertad.
Con el cambio de tribunal, Mancuso podría tener acceso a sanciones que no implican privación de la libertad, pero solo en el caso de que acepte su responsabilidad y de que la JEP considere que aportó “verdad plena”. En caso de que se pruebe lo contrario, el exjefe paramilitar se expone hasta a 20 años de cárcel. Entre tanto, podría recuperar su libertad mientras avanza el proceso judicial.
El de Mancuso ha sido un caso excepcional dentro de los dos tribunales especiales que se han creado en Colombia para juzgar crímenes de cinco décadas de conflicto armado interno. Por un lado, está la JEP, que juzga desde hace siete años a miembros de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y por otro los tribunales de Justicia y Paz, que juzgan desde 2005 a los paramilitares que combatían a las guerrillas de izquierda.
El presidente colombiano Gustavo Petro celebró la decisión de la JEP al considerar que debe existir un “solo tribunal de cierre de la verdad” del largo conflicto armado colombiano. “Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad”, señaló desde X, antes Twitter.
Petro designó a Mancuso como gestor de paz, una figura especial que pretende que contribuya con el diseño de procesos de desarme colectivo de grupos criminales, y ha pedido ante la justicia que se suspendan sus órdenes de capturas para que la ejerza en libertad.
Mancuso fue el primer exparamilitar en ser aceptado en la JEP el año pasado y desde entonces existía un conflicto de competencia con los tribunales de los paramilitares, en donde aún tiene deudas pendientes por más de 34.000 crímenes por homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y agresiones sexuales.
Fue uno de los más temidos paramilitares al comandar varios bloques en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dejó las armas en 2004. En Estados Unidos pagó una pena de más de 15 años de prisión por haber dirigido la fabricación y el envío de más de 100.000 kilogramos de cocaína. Tras llegar deportado a Colombia en febrero, quedó privado de la libertad para responder ante los tribunales de Justicia y Paz.
En Justicia y Paz las penas máximas para los paramilitares fueron de ocho años de cárcel. Según una jueza, Mancuso cumplió con tres sentencias en su contra por lo que le fue aprobada una libertad condicionada por cuatro años. Sin embargo, aún tiene procesos activos y otros tribunales de Justicia y Paz no han avalado suspender las 47 órdenes de captura en su contra.
Actualmente está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en un pabellón de máxima seguridad. Sin embargo, tanto su defensa como el gobierno nacional han pedido su libertad. Los tribunales de Justicia y Paz, situados en varias ciudades, no la han concedido unánimemente.
En noviembre pasado, Mancuso se convirtió en el primer exjefe paramilitar en ser aceptado para comparecer ante la JEP que Colombia por servir como punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública entre 1989 y 2004. En declaraciones ante ese tribunal, Mancuso habló sobre su participación en la planeación y ejecución de operaciones de las fuerzas militares estatales y de inteligencia, así como en su incidencia en el nombramiento de agentes estatales.
AP