La Cámara de Diputados de México rechazó este domingo 17 de abril por la noche en un pleno especial la propuesta de reforma constitucional sobre el sector energético presentada por el gobierno y que provocó un encendido debate en torno a la posibilidad de revertir la apertura del mercado realizada en 2013.
La reforma buscaba garantizar al Estado la generación de al menos el 54% de la electricidad que necesita el mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural. Sus detractores aseguraban que esto viola la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México.
Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) y sus aliados no lograron la mayoría cualificada para sacar adelante los cambios en la Carta Magna y solo consiguieron 275 votos de los 332 que se necesitaban. Un total de 223 legisladores votaron en contra. No hubo abstenciones.
La oposición se había declarado totalmente en contra y la mayoría de sus diputados pernoctaron en la Cámara el sábado para evitar contratiempos o que manifestantes oficialistas les bloquearan el acceso el domingo por la mañana.
El debate estuvo marcado por las descalificaciones y un tono muy ríspido. Hubo pancartas, banderitas de México y gritos cruzados coreados con los puños en alto en los que oficialistas y opositores se acusaban mutuamente de traidores a la patria.
La reforma constitucional incluía también considerar el litio un mineral estratégico que sólo puede explotar el gobierno. Sin esperar a la votación, el presidente puso en marcha su plan B y envió el domingo por la noche al Congreso una propuesta de cambios a la ley minera para garantizar la medida sobre el litio. La Cámara lo debatirá el lunes. En este caso, el gobierno sí cuenta con votos suficientes para sacarla adelante.
Dicha reforma tiene encendida a diversos sectores de la sociedad del país azteca, entre ellos a los sectores comerciales e industriales, además de a la población, quenes en su gran mayoría no se mostraban de acuerdo en modificar la carta magna.
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