Representantes de gremios y sindicatos del estado Lara afirmaron este miércoles que en los últimos seis años han consignado poco más de 100 documentos en distintas instituciones públicas para denunciar los problemas que afectan a los trabajadores y la población en general y la repuesta ha sido el «silencio administrativo”.
Por esa razón, acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir una respuesta, manifestó Deyanira Gentile, vocera del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del estado Lara.
Reiteró que desde 2016 han acudido que a la Inspectoría del Trabajo, Fiscalía, Contraloría, Gobernación del estado, Consejo Legislativo del Estado Lara, Onapre. Incluso, a la Vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional.
Sin embargo, en vez de soluciones, la situación se ha agravado. Citó el caso del sector salud, en donde se ha acentuado el déficit de enfermeras, médicos insumos, medicamentos y equipos en los hospitales.
Insistió que en que la población venezolana ha perdido calidad de vida. Sin servicios públicos eficientes, pero además, sueldos que no les alcanza para comer. Los pensionados y jubilados subsisten con apenas tres dólares mensuales, mencionó.
Los profesores universitarios están en la misma situación al percibir un sueldo “miserable” de 20 dólares al mes, recalcó.
Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del estado Lara (Sepeel), expresó que los funcionarios públicos incurren en un delito al no responder las demandas de los trabajadores, tal como lo establece el artículo 51 Constitución Nacional, es su deber ofrecer una respuesta oportuna a esas demandas.
Aseveró – el dirigente sindical- que “esas instituciones son controladas y puestas en contra de los trabajadores a quienes les han violentado sus derechos con estas políticas del Gobierno”.
¿Seis años más de lo mismo?
Gentile, quien además es secretaria de organización del Colegio de Médicos del estado Lara, -dijo que al reflexionar sobre la crisis que afecta a la población venezolana, al carecer de servicios públicos elementales, sin acceso a una dieta balanceada.
Enfatizó que los cortes repetitivos y prolongados de luz que someten a la población a una angustia psicológica, ante el temor de que los poquitos electrodomésticos se dañen así como la comida. En los centros de salud que se dañen las vacunas, que se interrumpa el tratamiento de la diálisis, que es vital para los paciente renales. Se pregunta ¿Vamos hacia seis años con más de lo mismo’.
Subrayó que es responsabilidad del Estado responder a las necesidades de la población. Los gobernantes son elegidos para velar que la población tenga servicios públicos y sus necesidades cubiertas que se traduce en calidad de vida.
Considera que ante la negligencia gubernamental, «debe haber un cambio de Gobierno, porque si no están dispuestos a escuchar y resolver los problemas. “Estamos en la obligación ciudadana de removerlos del cargos por la vía democrática”.