La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad infromó que denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI), los crímenes de lesa humanidad cometidos contra venezolanos que salieron del país.
Detalló que hasta ahora se registraron 111 casos y documentado 24, como lo anunció el coordinador de la organización, el abogado Alonso Domínguez
Muchos de ellos fueron detenidos, sometidos a desaparición forzada y a tratos crueles e inhumanos. La Red explicó que por hambre y por miedo, estos decidieron marcharse del país.
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad está buscando el testimonio de los venezolanos que migraron, y a quienes les violaron sus derechos humanos antes de marcharse de Venezuela, para poder presentarlos ante la CPI.
Alonso Domínguez, coordinador de la Red, explicó que están llamando a las víctimas de la represión durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
Aclara -en entrevista para el portal contrapunto.com- que no todas las violaciones de derechos humanos califican como crímenes de lesa humanidad.
Esta es una iniciativa de varias organizaciones, como Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela, el Observatorio Venezolano de Crímenes de Lesa Humanidad.
“A raíz del flujo migratorio que ha habido en Venezuela muchas de las víctimas de esas violaciones salieron del país y han terminado en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos, España”, recuerda.
Por eso “mantener el contacto con esas víctimas para recabar su testimonio y unirlo a los testimonios de otras personas, y tener la investigación lo más sustentada y completa posible, pasaba a ser un reto logístico tremendo”.
La Red decidió entonces buscar la manera de llegar a las víctimas de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, chantajes contra detenidos.
“Hay un conjunto de hechos que, si ocurren de manera sistemática, generalizada, contra una parte de la población y respondiendo a una línea política, pueden ser considerados delito de lesa humanidad”, detalla.
El grupo se ha centrado en las personas que tuvieron que migrar porque en Venezuela ya hay un esfuerzo de organizaciones de derechos humanos, pero no lo hay en los países de recepción de venezolanos.
El proceso
Domínguez detalla que están en nueve países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos y España. “Probablemente va a haber un equipo en Alemania, en Paraguay, en Panamá. Que donde haya un venezolano que está dispuesto a hacer la capacitación y a prestar unas horas de su tiempo, allí habrá un nodo de la Red”.
El proceso de la Red consiste en contactar a las víctimas, hacer una descripción del caso, pasar a la fase de documentación con base en los estándares. Este paso lo realizan con un equipo liderado por el abogado argentino Fernando Goldar. “Hemos registrado hasta ahora 111 casos y hemos documentado 24 en seis meses de trabajo intenso que hemos tenido”, puntualiza. “Lo que ocurrió es que mucha gente se fue y no denunció. La fiscalía venezolana no generaba confianza”.
Pero los movimientos internacionales revivieron al Ministerio Público, e incluso, hay víctimas en Venezuela que comentan que la Fiscalía quiere llegar a ellas y recoger su testimonio, como “para corregir lo que dejaron de hacer hace varios años”. El abogado recuerda que el esfuerzo de la CPI es “para que haya justicia”, y como no hubo justicia en Venezuela, víctimas y organizaciones decidieron ir a la CPI.
De los 111 casos “el patrón más reiterado es la detención y la desaparición forzosa” durante varios días; hay “algunos casos de violaciones terribles”, apunta. Los cuerpos de seguridad más involucrados son las policías regionales y la Guardia Nacional.
Los casos acopiados por la Red serán enviados a la oficina de la víctima de la CPI.