El Senado de Francia, por impulso del Senador Olivier Cadic y su grupo de 87 miembros, decidió promover una propuesta de resolución para fortalecer las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo contra los responsables de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.
La propuesta va de conformidad con la Constitución de Francia, y busca apoyar a los Estados signatarios de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante 2014-2017.
Además, la proposición destaca el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, reportes de Amnistía Internacional de 2017 y 2018, el informe de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, remitido ante la Corte Penal Internacional.
Sanciones del Consejo Eurpeo
El pasado 18 de julio el Parlamento Europeo, aprobó con 455 votos a favor una resolución sobre la situación en Venezuela en la que se reconoce y condena la crisis humanitaria que se vive en el país, se respalda al gobierno de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, y se señala a la administración de Nicolás Maduro como responsable de estos crímenes contra la población.
Por tal motivo, en dicha resolución se solicita al Consejo Europeo imponer nuevas sanciones a las autoridades “de facto” venezolanas responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, restringiendo los movimientos de dichas personas e inmovilizando sus activos y sus visados, así como los de sus parientes más cercanos.
Con este respaldo del senado francés se busca solicitar a las autoridades de dicho país que vigilen de los fondos de los sancionados y sus familias, además de posibles vínculos con el narcotráfico y terrorismo, y pedir al Estado francés que se sume a los países signatarios del expediente remitido a la CPI, a fin de garantizar que los responsables de las violaciones de los DDHH sean condenados.