Más de 600 organizaciones civiles, exigen la derogación de la Providencia Administrativa No. 001-202,1 publicada en la Gaceta Oficial 42098, que precalifica a las ONG de terroristas.
Catalogan esta medida como un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano.
Por medio de un comunicado, que cuenta hasta ahora con 663 firmas, las organizaciones expresaron su categórico y definitivo rechazo a la imposición, que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Entre las denuncias destacan que la providencia pone en riesgo a miles de organizaciones que ayudan a sectores vulnerables, establece unos requisitos no contemplados en ningún instrumento de ordenamiento jurídico y omite la existencia de normas constitucionales que protegen la actividad de las organizaciones sin fines de lucro.
“Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, subraya el comunicado.
Además, consideran que la “providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con el claro propósito de cerrar el espacio cívico”.
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