Reinaldo Gómez.- Con un total de 52 casos, el estado Lara se ha convertido en la segunda entidad federal con mayor número de detenidos políticos habidos desde los sucesos acaecidos en el país a partir del 30 de abril pasado.
Lo informó así el doctor Abraham Cantillo, coordinador del Capítulo Lara del Foro Penal Venezolano, quien informó también que, hasta donde él tiene entendido, la primera entidad en cuanto a esa “lamentable cifra” es el estado Zulia, aun cuando dijo no tener “a la mano en este momento” la cantidad exacta al respecto.
-Detenidos que, por cierto –agregó–, se hallan en un estado de total indefensión jurídica, ya que se han estado implementando en sus juicios una serie de situaciones jurídicas “que corresponden a épocas pasadas y que ya habían sido superadas por nuevas leyes venezolanas”.
–Y si al caso vamos –prosiguió–, hay que agregar otras 14 detenciones arbitrarias, para un total de 66 casos.
En estos últimos 14 casos, dijo Cantillo que seis, “recientes, por cierto”, son de El Tocuyo; seis de Pueblo Nuevo, incluso tres de ellos que simplemente estaban en las proximidades del comando de la Guardia Nacional Bolivariana porque viven cerca de allí, y dos de Carora.
Al respecto, expresó:
–Ahora bien, lo que vemos es que hay una gran distancia entre la detención, el hecho realmente sucedido y el hecho presentado ante los tribunales por los órganos de seguridad del Estado.
-Entonces, pareciera que se está poniendo en práctica la técnica de la redada “de a montón” en aglutinamiento de personas, algo que sí contemplaba la ya desaparecida Ley sobre Vagos y Maleantes, y no solamente desaparecida del ordenamiento legal venezolano, sino también condenada en su momento por organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
–Pero también se hallan en estado de indefensión, debido a que todos ellos son objeto de una imputación genérica; es decir, a todos les están atribuyendo los mismos delitos, una figura que ha sido incluso ya rechazada hace tiempo por organismos internacionales.
Admitió Cantillo que, “hemos, sí, podido tener comunicación con los detenidos, y no tenemos hasta ahora denuncias de torturas o de maltratos”.