Guillermo Palacios, diputado electo por el estado Lara ante la AN en 2015, considera que la propuesta de reforma del Poder Judicial del “régimen de Maduro”, la sexta en 22 años, carece de Independencia y autonomía, características fundamentales de un Poder Judicial al servicio del Estado de Derecho.
“Cada tres años y medio, aproximadamente, se ha realizado una reforma judicial y cada una ha sido un fracaso institucional, pero con intenciones totalitarias para controlarlo y ponerlo al servicio de los intereses políticos del régimen, sin importar si administran justicia o no”.
Adelanta que la reforma del Poder Judicial se convertiría en un golpe de estado para la democracia, porque de su coordinador Diosdado Cabello no se puede esperar nada que guarde relación con libertad y democracia.
“Este señor ha demostrado como manipula el Poder Judicial para violar los derechos humanos y si no lo quieren creer allí están las decisiones del TSJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra o el juicio contra el diario El Nacional”.
En este sentido sostuvo que, “desde los factores democráticos, a través del Plan País y la Comisión de Reforma Institucional, presidida por el diputado Omar Barboza, se ha planteado la independencia y transparencia judicial, el acceso a la justicia y la gestión judicial como principios rectores de cualquier reforma de este poder”.
Desde la Fracción Parlamentaria de Un Nuevo Tiempo UNT apoyamos este proyecto de acuerdo “en rechazo a esta nueva payasada del régimen de Nicolás Maduro de pretender una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello”, manifestó.
Según Palacios, desde 1999 se iniciaron propuestas de reforma del Poder Judicial, lo cual se redujo a expulsar a los jueces designados por concurso, que actuaban con honestidad y apego al Derecho, pero que le eran incómodos para las pretensiones hegemónicas y totalitarias del “régimen”.
“Hoy los resultados los tenemos a la vista: un Poder Judicial corrupto encabezado por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en donde los jueces, fiscales y defensores públicos, con excepciones, están inmersos en este grave daño a los demandantes de justicia.
“Es así como desde boletas de traslado, hasta una revisión de medida, tienen un cobro en dólares y no se diga de admisión de demandas, medidas cautelares y hasta sentencias, lo cual es vox populi, por lo cual hay que pagar cantidades en divisas dependiendo de la cuantía o la importancia del asunto”.
Atentado a la autonomía
Palacios afirmó que 90% de los jueces son provisorios, lo cual atenta contra la autonomía e independencia del Poder Judicial. Además, la influencia política prevalece para su designación y actuación en niveles nunca antes vistos.
Citando al Observatorio Nacional de Prisiones, el promedio nacional de hacinamiento es de casi 145%, lo cual significa que las cárceles y centros penitenciarios de Venezuela están abarrotados, en franco deterioro, dijo Palacios.
Acusó que los detenidos y condenados no tienen derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Hay personas detenidas que esperan por juicio hasta tres años y ciudadanos que han cumplido la pena, los han condenado y no los han puesto en libertad”.
Indicó que esta situación del funcionamiento del sistema penitenciario ha sido constatado por la oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, quien en el último informe presentado el 5 de julio de este año, señaló que en Venezuela se continúan violando en forma flagrante los derechos humanos de los ciudadanos.
“Se ha constatado la detención de personas sin mediar orden judicial o haber sido sorprendido en flagrante. Irrespeto a las órdenes judiciales de libertad por parte de las autoridades penitenciarias”.
Palacios denuncia, además, hacinanmiento en cárceles y retenes policiales que, según él, llegan a 22.500 detenidos preventivamente, lo cual triplica la capacidad de esos sitios de reclusión”, precisó.
Datos Prensa UNT
Foto: archivo El Informador Venezuela