En Venezuela, 56% de los profesores universitarios ha tenido que vender o intercambiar bienes para adquirir comida durante la pandemia, según los datos arrojados por la encuesta del Observatorio de Universidades, sobre las condiciones de vida de la población universitaria, Enobu 2021.
Fueron 4.180 encuestas aplicadas en instituciones de educación superior públicas y privadas, en las 24 entidades del país, abordando variables como: seguridad alimentaria, condiciones socioeconómicas y sanitarias, morbilidad, atención en salud, servicios públicos, transporte, condiciones de estudio y trabajo, estrategias para afrontar las enfermedades y garantizarse la comida, y el bienestar psicológico de docentes y estudiantes.
El 19 de agosto, los sociólogos Yelena Salazar y Carlos Meléndez, coordinadora y director del OBU, respectivamente, presentaron los resultados de la investigación en un encuentro virtual con autoridades universitarias, profesores, estudiantes, periodistas, ONG nacionales e internacionales, así como dirigentes gremiales.
“Ha habido un impacto importante en la calidad de vida de los universitarios venezolanos. Que 86% de los docentes haya tenido que reducir sus porciones de comida al día, o que solo 18% de los alumnos pueda comer proteína animal con una frecuencia diaria, refleja parte de este impacto”, dijo Meléndez, profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en Barquisimeto.
El director del OBU afirmó que la inseguridad alimentaria se instaló intramuros, en mayor proporción en la región Nororiental, donde casi la mitad (48%) de los docentes hace menos de tres comidas al día. En Guayana, la mayoría dijo que se alimenta peor que en 2020.
En lo que respecta a la pandemia, Meléndez destacó que hasta el momento en que se realizó la Enobu 2021 (mediados de junio), el 88% profesores y 95% de los estudiantes no se había vacunado, y que 13% de los docentes y 17% de los alumnos había sufrido la covid-19.
“En 2001, un profesor titular ganaba alrededor de 2 mil 400 dólares. En 2021, ese mismo profesor obtiene 11 dólares mensuales por su trabajo. En México y hasta en Nicaragua, los sueldos en el mayor escalafón varían entre los 1.000 y los 2.000 dólares”.
Yelena Salazar señaló que 70% de los profesores y 77% de los estudiantes depende de los teléfonos inteligentes. El 55% de los profesores consultados, y a quienes se les entregó tabletas del MinEducación, dijo que nunca les funcionó este dispositivo para dar clases.
La plataforma más utilizada durante la pandemia ha sido Whatsapp (59%) y correo electrónico (52%). Para 83% de profesores e igual porcentaje de alumnos, la conexión a internet es regular a mala.
También se tomó en cuenta el tema de los servicios públicos. En Guayana, el 64% de los docentes reportó interrupciones permanentes del servicio eléctrico, pero en todo el país, es más de 60%.
«Ahora que trabajamos en el hogar, es llamativo ver que el 66% de docentes no tiene servicio de agua continuo. El 13% de los profesores usa leña para cocinar alimentos (más alto es el porcentaje en la región capital), y 59% de los profesores y 48% de los estudiantes no ha utilizado gas de bombona en el último semestre”, señaló Salazar.
Los resultados de bienestar psicológico también son preocupantes. Salazar afirmó que 46% de los profesores se sentían frustrados. En los adultos mayores hubo 46% tristeza y 75% de desesperanza.
«Eso se puede asociar a la pandemia, pero mayormente es por las condiciones en las que están trabajando. Fíjense que 68% de los profesores y 61% de los alumnos han pensado en dejar la universidad”.
92% de los profesores de las universidades públicas no usa los servicios de previsión social, que fue una de las grandes conquistas alcanzadas por los gremios de la educación. Los alumnos también han perdido servicios como como becas, transporte y comedor, por lo que 64% de ellos debe realizar actividades extras para mantenerse.
La coordinadora del OBU destacó entre las conclusiones de la Enobu 2021, que a pesar del empobrecimiento humano en este sector, se evidencia una capacidad de agencia y de compromiso social de los universitarios, quienes se han incorporado a desarrollar sus clases a pesar de este contexto.
“Hay un potencial de resiliencia importante en las instituciones del sector público”, finalizó Salazar.